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El Comité Intergremial del Tolima manifestó públicamente su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de elevar el salario mínimo para 2026 en un 23,7 %, un incremento que, en palabras del gremio, fue adoptado sin un proceso de concertación técnica adecuada. Según el argumento expresado por la organización, esta medida podría tener consecuencias adversas para el departamento y para la economía regional en general. De acuerdo con declaraciones recogidas en los medios y las cifras oficiales consultadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Trabajo, la decisión gubernamental se alejó de las recomendaciones puestas sobre la mesa tanto por el sector empresarial como por las centrales obreras.
Durante las mesas de negociación, los gremios empresariales propusieron un ajuste moderado cercano al 7 %, mientras que las centrales obreras argumentaron un alza de alrededor del 16 %, en ambos casos con expectativa de llegar a un punto medio a través del diálogo. No obstante, el resultado final fue calificado por los representantes del Comité Intergremial del Tolima como “desproporcionado”, pues superó en más de siete puntos la cifra defendida por las organizaciones laborales y triplicó la propuesta empresarial. Según Efraín Valencia, presidente del Comité, en las mesas técnicas no se priorizó la incorporación de criterios económicos requeridos por ley, como la inflación y la productividad, sino que prevaleció una actitud de imposición.
Valencia expresó que la falta de concertación real privó al país de un acuerdo que tuviera en cuenta el contexto económico nacional. En sus declaraciones, manifestó que los espacios de negociación se desarrollaron solo de forma protocolaria, ignorando los factores técnicos esenciales, tal como exige la normativa vigente. A juicio del Comité, un aumento como el decretado termina alejándose de las dinámicas laborales reales del país, donde los indicadores de informalidad y bajos ingresos prevalecen.
Otro de los puntos centrales señalados por el Comité es el alcance limitado del incremento frente al universo de trabajadores que reciben el salario mínimo. Basados en cifras vigentes del DANE y del Ministerio de Trabajo, se estima que únicamente el 10 % de las personas ocupadas en Colombia perciben un salario mínimo, en tanto que más de 11 millones de trabajadores se desempeñan en condiciones de informalidad. Sin embargo, subrayan que el ajuste impacta de manera transversal en la economía, porque impulsa el incremento de precios en bienes y servicios que afectan a toda la población, incluidos aquellos que no se benefician directamente del nuevo salario mínimo.
En el contexto regional de Tolima, el Comité enfatizó que la medida golpearía especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que integran cerca del 97 % del entramado empresarial del departamento. Al elevarse los costos laborales de forma significativa, estas empresas se encontrarían en riesgo de enfrentar mayores dificultades para sostener el empleo formal y mantener su competitividad. Finalmente, el Comité Intergremial responsabilizó al Gobierno Nacional por eventuales repercusiones económicas negativas derivadas de la medida, alertando sobre el potencial agravamiento de problemas como la informalidad, el desempleo y la pérdida de dinamismo productivo.
¿Por qué el aumento del salario mínimo puede afectar la informalidad laboral?
Esta pregunta surge porque buena parte de los argumentos esgrimidos por los gremios del Tolima gira en torno al posible aumento en la informalidad. El concepto de informalidad hace referencia a quienes trabajan sin contratos legales, seguridad social o derechos laborales básicos. Según cifras del DANE y el Ministerio de Trabajo citadas en el artículo, más de 11 millones de personas en Colombia laboran en este segmento.
Cuando el costo de contratar empleados bajo la ley se incrementa significativamente, como con un aumento del salario mínimo, muchos empresarios y empleadores de pequeñas empresas buscan alternativas para reducir gastos. Por esta razón, existe el temor de que una subida considerable del salario mínimo termine incentivando aún más la informalidad, al resultar difícil para ciertos sectores absorber el alza y cumplir con las obligaciones legales, perjudicando así tanto al trabajador como a la dinámica económica regional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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