El panorama pensional en Colombia prende nuevas alarmas. Los recientes datos del Dane, actualizados para octubre, revelan que la informalidad laboral continúa creciendo y ya afecta a 13,6 millones de personas, una cifra que compromete gravemente el acceso a una pensión para más de la mitad de los trabajadores del país.
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El informe también muestra que, aunque la tasa de desempleo del décimo mes del año fue de 8,2 %, lo que representa 2,1 millones de colombianos sin empleo, el verdadero riesgo está en la informalidad: trabajadores que sí tiene ingresos, pero que en muchos casos no cotizan al sistema de seguridad social y, por lo tanto, están quedando por fuera del derecho a una pensión.
En octubre, la tasa de informalidad se ubicó en 56,1 %, por encima del 55,3 % registrado un año atrás. Ese aumento significa que 700.000 personas más se encuentran hoy en trabajos informales, pasando de 12,9 millones a 13,6 millones.
Las ciudades con mayor informalidad entre agosto y octubre son:
- Sincelejo: 68,8 %
- Valledupar: 64,7 %
- Cúcuta: 62,7 %
- Montería: 62 %
- Riohacha: 60,9 %
Este panorama deja ver un mercado laboral profundamente fragmentado, donde millones de personas dependen de actividades por cuenta propia, ventas informales o trabajos sin contrato, lo que los excluye de aportes regulares al sistema pensional.
Requisitos para pensionarse en Colombia
Según estándares actuales, para acceder a una pensión en Colombia se deben cumplir requisitos exigentes:
- Hombres: 1.300 semanas cotizadas (26 años) y 62 años de edad
- Mujeres: 1.300 semanas y 57 años
Sin embargo, quienes trabajan de manera informal —y no están afiliados a salud, pensión o riesgos laborales— difícilmente logran cotizar durante largos periodos. Esto compromete no solo su posibilidad de pensionarse, sino también su estabilidad económica en la vejez.
De acuerdo con proyecciones del Dane, cerca de 9,8 millones de personas podrían llegar a la tercera edad sin ingresos estables, lo que configuraría una crisis social de grandes proporciones. Este grupo incluye trabajadores vulnerables con ingresos inestables, pocos ahorros y ninguna red de protección.
El aumento de adultos mayores sin pensión también pondría presión sobre el Estado, que tendría que destinar más recursos para subsidios o rentas básicas, afectando las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
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