El Consejo de Estado ha sorprendido al país con la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025 que planteaba un aumento del 23,7 v% al salario mínimo para 2026. Esta decisión ha producido una oleada de reacciones e incertidumbre sobre el destino de alrededor de 70 bienes, servicios y tarifas que están ligados al salario mínimo, dentro de los cuales se ven clave categorías como educación, trabajo y formación, multas y sanciones, seguros, salud y vivienda, como informó La República.
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El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, advirtió al citado medio que “Una vez suben, es muy difícil que retrocedan”. Esta opinión nace a raíz de lo sucedido con los servicios de transporte, restaurantes, peluquerías y cuotas de administración que han seguido la variación del aumento propuesto “de manera espejo”, incorporando la inflación implícita, lo cual podría producir el fenómeno de ‘pegado’, es decir, si el decreto cae definitivamente, es posible que estos no retrocedan.
Sin embargo, a pesar de la incertidumbre generalizada, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha hecho un llamado a la calma. En declaraciones a Blu Radio, él insiste en que el decreto original “permanece vigente y de obligatorio cumplimiento”, instando a los empresarios a realizar el ajuste del 23,7 % en la quincena de febrero de 2026.
Pero más allá de los posibles cambios y retrocesos, expertos como Henry Amorocho y Germán Eduardo Rodríguez, ambos profesores universitarios, señalan al rotativo que dichas indexaciones no tienen una base legal fija, sino que son reguladas a través de mesas de concertación y decretos presidenciales. Esto abarca una amplia gama de áreas, que van desde multas de tránsito y aportes a salud y pensiones, hasta matrículas y pasajes intermunicipales.
Si bien es cierto que la suspensión provisional evita una “indeterminación” sobre el salario de 2026, las repercusiones que su decisión final tendrá en la economía, empleo e informalidad aún están por verse. La Andi ha hecho un llamado a mecanismos para proteger a los trabajadores, independientemente del nuevo ajuste, defendiendo que el incremento original mantiene su intención de preservar el poder adquisitivo y avanzar hacia un “salario vital”, basado en inflación, meta, productividad y brecha con canasta básica.
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