En medio de una tensión económica y social, Colombia ve cómo el marcado incremento del salario mínimo previsto para 2026 se toma un respiro tras la intervención del Consejo de Estado. Este organismo suspendió de manera provisional el decreto que estipulaba un aumento salarial del 23,7 % en el país, produciendo un mar de dudas y reacciones encontradas que pretenden balancear la estabilidad de ingresos y la viabilidad financiera.
Este freno al incremento salarial ha llevado al Gobierno a la obligación de emitir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, según El Tiempo. Sin embargo, con relación al efecto que esta medida pueda tener sobre las nóminas de los trabajadores, Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, aclaró que los pagos ya realizados hasta mediados de febrero no se verán afectados por la medida. Este punto es crucial, ya que garantiza que ningún trabajador deba devolver dinero y que el aumento ya otorgado se mantenga.
Frente a esto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) hace un llamado a las empresas para mantener el salario mínimo con el incremento original, independientemente del resultado del nuevo decreto. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, recalcó en una entrevista con La República, “la mayoría de las empresas hacen esfuerzos por sus trabajadores”, indicando la importancia de no afectar a los empleados.
“Estamos haciendo un llamado a tratar de mantenerlo, independientemente de cuál sea la decisión final y del nivel que se defina en el nuevo decreto ordenado por el Consejo de Estado”, explicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en referencia al salario mínimo.
Por otro lado, la decisión del Consejo de Estado ha producido amplio eco en los diferentes gremios empresariales. María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, ve esta situación como una oportunidad para alcanzar consensos y retomar el diálogo. En cambio, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, criticó el incremento original tachándolo de “improvisación y arbitrariedad”.
No obstante, la suspensión no fue bien recibida por todos. Fabio Arias, presidente de la CUT (central sindical), calificó la medida como “un acto de injusticia social”, mostrando su desacuerdo con la decisión y solicitando al Gobierno que se mantengan las condiciones del aumento.
A pesar de la diversidad de opiniones, existe una preocupación común en todos los actores: la estabilidad económica del país. Rosmery Quintero Castro, presidenta del Observatorio Nacional MiPyme, habló en el rotativo sobre la necesidad de estabilidad jurídica mientras la Andi enfatizó en la importancia de contrarrestar los impactos sobre la inflación y el empleo.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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