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Tras la suspensión provisional del decreto que fijó el alza del salario mínimo para 2026, el presidente defendió en redes que el nivel “para vivir cómodamente” debe superar los dos millones. El Gobierno anunció recursos y abrió una convocatoria a empresarios para concertar un nuevo valor temporal.
La controversia por el salario mínimo de 2026 escaló este fin de semana a un terreno abiertamente político y simbólico. Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional el decreto con el que el Gobierno había fijado un incremento cercano al 23% para este año, el presidente Gustavo Petro publicó que, si Colombia busca cerrar la brecha entre productividad y salario real, el “salario mínimo vital” debería ubicarse en $2.155.000 mensuales.
La intervención presidencial ocurrió en medio de una orden expresa del alto tribunal: expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto transitorio que ajuste el incremento con base en los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley 278 de 1996. El Consejo de Estado cuestionó que el Ejecutivo hubiera sustentado el porcentaje usando parámetros no previstos como obligatorios, y advirtió sobre el riesgo de decisiones sin soporte verificable.
En su pronunciamiento, Petro sostuvo que acatará lo dispuesto por la jurisdicción administrativa, pero anunció que presentará recursos para que se aclare el alcance del auto y su lectura de la jurisprudencia constitucional sobre el concepto de salario “vital y móvil”. Según el mandatario, el ajuste decretado se mantendría “hasta la expedición” del decreto transitorio que debe firmar la Presidencia mientras avanza el proceso judicial.
El Gobierno, además, invitó al sector empresarial a acudir a la Comisión de Concertación, con la idea de intentar un acuerdo previo a la expedición del decreto temporal. La convocatoria se enmarca en la propuesta de un “pacto por la vida” entre actores sociales y económicos, en un clima de campaña que ya venía tensionado por el pulso entre Ejecutivo y tribunales.
Más allá de la discusión jurídica, el episodio reabre el debate sobre dos lógicas en choque. De un lado, el relato de justicia social y recuperación del poder adquisitivo que impulsa el Gobierno; del otro, la exigencia de “seguridad jurídica” y sustentación macroeconómica que reclaman demandantes y críticos del decreto original, especialmente por sus efectos sobre costos empresariales y empleo formal. La decisión del Consejo de Estado —y la cifra propuesta por Petro— reubican el salario mínimo como tema dominante en la agenda pública, con impacto directo en la disputa electoral de las próximas semanas.
PUNTOS CLAVE
— Qué decidió el Consejo de Estado: suspensión provisional del decreto y orden de un nuevo acto transitorio en ocho días.
— Qué dijo Petro: el “salario mínimo vital” debería estar en $2.155.000 mensuales.
— Qué viene: concertación con empresarios y decreto temporal mientras se define el fondo del caso en sede judicial.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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