El enorme impacto político que tiene la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto sobre salario mínimo que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro queda en evidencia con las opiniones de todos los candidatos presidenciales que se han referido al respecto. Ninguno salió a respaldar al alto tribunal porque sabe que, de hacerlo, será castigado en las urnas por una enorme masa de colombianos que, en apariencia, se estaban viendo beneficiados con el aumento. Esta es, quizá, la prueba ácida de que el desproporcionado incremento del 23,7 % justo para el año de elecciones legislativas y presidenciales fue una medida populista con un claro objetivo electoral: allanar el camino para la reelección del proyecto progresista. Fue una decisión política.
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¿Quién se puede oponer en época electoral a que a los bolsillos de los trabajadores que ganan menos entre más plata, así se trate, como lo han anticipado los analistas, de una medida que significa pan para hoy y hambre para mañana? Por ahora, el Consejo de Estado parece el único en atreverse a semejante osadía, más acentuada porque los trabajadores cumplen mes y medio disfrutando de su nueva asignación. Pero el alto tribunal simplemente está haciendo el trabajo que le manda la Constitución al revisar una medida gubernamental cuyo procedimiento para establecer el porcentaje del salario mínimo no se ajustó a lo que establece la ley.
Gustavo Petro, Iván Cepeda y Armando Benedetti reaccionan
El decreto del Gobierno que estableció el incremento del salario mínimo iba a tener problemas más temprano que tarde, y eso ya se había advertido desde diferentes sectores (gremios, academia, analistas), pese a lo cual el presidente Petro y sus ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Hacienda, Germán Ávila, lo promulgaron, teniendo como principal argumento del salario vital que estipula la OIT. No consideraron los criterios que reclama el Consejo de Estado —basado en la Ley 278 de 1996— para establecer el salario mínimo, entre ellos, la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad certificada por el Dane, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la protección especial del trabajo.
Para los demandantes del decreto, esos factores reales apuntan a que el incremento del salario mínimo debió ser entre el 6 % y el 7 %, por lo que resulta escandaloso que el Gobierno se haya ido más allá de 16 puntos. Por eso, el alto tribunal pide explicaciones y sustentación. Con seguridad, el Gobierno Nacional seguirá remitiéndose al Artículo 53 de la Constitución, que habla del salario vital, pero que no ha sido reglamentado, o a la narrativa de que se quiere perjudicar a los pobres. En primera instancia, anunció el recurso de reposición contra la medida, pero también comenzaron a oírse voces que invitan a las calles, que, curiosamente, no comenzaron esta vez por boca del presidente Petro.
Mientras el jefe de Estado reaccionaba en un primer trino de respuesta a la decisión del Consejo de Estado en un tono aparentemente apacible, pero siempre amenazante (“El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. […] Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”), el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguraba: “Hay que decirlo con claridad: nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad”.
Pero fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, el que dejó clara la relación entre la discusión del salario mínimo y las elecciones, apuntando, de nuevo a erosionar la independencia de las tres ramas del poder público: “Aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio [a los trabajadores]”, dijo en X. “[…] Para mí [la del Consejo de Estado] es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital, o quién está a favor de los dirigentes”.
Se nutre relato de bloqueo institucional contra Gustavo Petro
Decretar por primera vez en la historia de Colombia un alza del 23,7 % en el salario mínimo justo en el año en que se va a elegir un nuevo Congreso de la República y un nuevo presidente fue una apuesta calculada de la que se pueden esperar ganancias por punta y punta. No solo garantizaba la simpatía de los 2’400.000 colombianos que ganan el mínimo, y de otros sectores que se ven beneficiados como los practicantes del Sena, los médicos residentes y los soldados, sino que, en el caso de encontrar dificultades, como está ocurriendo, da motivos para animar la agitación social y agudizar la políticamente rentable narrativa de los ricos contra los pobres.
El Consejo de Estado no se opone al monto del 23,7 %. Lo que pide son explicaciones al Gobierno de cómo llegó a esa cifra, y que, si tiene cómo probarlo, lo demuestre con base en los parámetros establecidos en la Ley. Exige rigor técnico. Si el Gobierno ajusta su decreto a la norma, quedará expuesto a que se le señale de que, en un primer momento, efectivamente, no lo hizo bien. Pero siempre en el imaginario de sus seguidores prevalecerá la idea de que actuó con la mejor intención.
En este caso, el Gobierno Nacional es el que está obligado a demostrar —a los trabajadores, al Consejo de Estado y al país— los criterios técnicos sobre los que basó la decisión de incrementar el salario mínimo en 23,7 %. Tiene que probar que no decretó ese aumento por motivaciones políticas para favorecer solo a los trabajadores que constituyen su principal caudal político, lo cual da el sustento teórico a quienes hablan de populismo puro y duro.
Si el Consejo de Estado llega a darles definitivamente la razón a los demandantes y el Gobierno no consigue sustentar técnicamente el incremento, dará no solo para una sentencia más contra decisiones gubernamentales mal sustentadas, sino para pensar que se trató de un pase maestro de ilusionismo político en vísperas electorales antes que de una medida para colmar las legítimas ilusiones de los trabajadores. El ilusionismo político siempre galopa sobre los anhelos de los ciudadanos, y les saca provecho. Pero, aun así, el Gobierno obtendrá dividendos de este fracaso.
La decisión del Consejo de Estado, que está actuando en derecho, será ahora añadida al relato, de mucho valor en la campaña presidencial de la izquierda, de un bloqueo institucional contra las decisiones del Ejecutivo. En los últimos días, ya han situado en la picota a la Corte Constitucional por suspender también la emergencia económica y al Consejo Nacional Electoral por impedir que Iván Cepeda participara en la Consulta del Frente por la Vida. Estos hechos, sin embargo, no prueban otra cosa distinta a que las instituciones están cumpliendo las funciones que les encarga la Constitución y el Estado Social de Derecho para mantener el equilibrio de poderes, tan importante para la democracia.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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