El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la caída de la ley de financiamiento abrió la posibilidad de declarar una emergencia económica, ya que el presupuesto aprobado por el Congreso exige nuevas fuentes de ingresos para 2026.
Ávila calificó como desafortunado que un grupo minoritario de congresistas hundiera la reforma, pese a que la mayoría había aprobado previamente un presupuesto que obligaba al Gobierno a presentar dicha ley.
Señaló que esto genera un desequilibrio fiscal y constituye un “hecho sobreviniente” que justificaría medidas extraordinarias.
El ministro recordó que el Gobierno redujo la meta de recaudo de 26,3 a 16,3 billones de pesos y eliminó puntos polémicos como el aumento en combustibles, buscando consenso.
Sostuvo que la reforma era progresiva, enfocada en los más ricos y en el sector financiero, sin afectar a la mayoría de la población. Criticó además que algunos senadores que apoyaron el presupuesto luego se opusieran al financiamiento, lo que considera incoherente y motivado por cálculos políticos.
Ávila advirtió que sin nuevas fuentes de recaudo pueden verse afectadas obligaciones como el pago de la deuda y programas sociales en educación y bienestar.
El Gobierno evalúa todas las alternativas para evitar una crisis fiscal, incluida la emergencia económica, aunque esta no es la única opción en estudio.
¿Qué poder gana el Gobierno con la emergencia económica?
La declaración de emergencia económica en Colombia, contemplada en el artículo 215 de la Constitución, le otorga al Gobierno poderes excepcionales y temporales para enfrentar situaciones graves que afecten el orden económico, social o ecológico.
Durante este estado, el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de pasar por el trámite legislativo ordinario en el Congreso, siempre y cuando estén directamente relacionados con la crisis que se busca resolver.
Estos decretos pueden modificar normas existentes, crear impuestos temporales, reasignar recursos del presupuesto y tomar decisiones urgentes para garantizar la estabilidad económica.
Además, el Gobierno puede intervenir en sectores estratégicos, regular precios, ajustar subsidios, crear programas sociales de emergencia y adoptar medidas extraordinarias para asegurar la continuidad de servicios esenciales.
También se permite la reorientación acelerada del gasto público, la priorización de pagos y la implementación de mecanismos para proteger a la población vulnerable.
Sin embargo, estos poderes tienen límites estrictos: solo pueden durar hasta 30 días, no pueden suspender derechos fundamentales, deben ser revisados por la Corte Constitucional y el Congreso puede modificarlos o derogarlos.
En conjunto, la emergencia económica brinda herramientas rápidas para enfrentar una crisis, pero bajo un marco de control jurídico y democrático.
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