El entorno digital colombiano ha dado un giro histórico y normativo de profunda trascendencia con la expedición del Decreto 0769 de 2026, una reglamentación clave de la Ley 2489 de 2025 concebida para blindar de manera integral a los niños, niñas y adolescentes frente a los crecientes riesgos del ciberespacio, según informó El Tiempo.
En una época hiperconectada donde amenazas cotidianas como el ciberacoso, la pornografía infantil, el grooming, la adicción a las pantallas y el reclutamiento forzado en línea por parte de grupos armados ilegales ponen en vilo el bienestar de la infancia, el Gobierno Nacional ha estructurado un modelo de corresponsabilidad sin precedentes. Esta política pública vincula directamente a las plataformas tecnológicas, las redes sociales, los desarrolladores de aplicaciones, las instituciones educativas y los hogares colombianos, estableciendo obligaciones de estricto cumplimiento orientadas a salvaguardar a los menores de edad sin menoscabar las libertades civiles y constitucionales.
En el centro de esta nueva arquitectura regulatoria se encuentran las grandes empresas tecnológicas y proveedores de servicios en red como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, así como creadores de videojuegos de alta popularidad como Roblox o Fortnite, los cuales deberán adaptar sus operaciones en el país bajo el principio ineludible de seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto.
Entre las medidas más severas dispuestas por la norma se destacan la eliminación, bloqueo y reporte inmediato ante la Fiscalía General de la Nación de cualquier amenaza o material relacionado con explotación o abuso sexual infantil (CSAM), la implementación de mecanismos eficaces de verificación de edad en consonancia con la normatividad de protección de datos, y la integración de controles parentales flexibles, intuitivos y fáciles de utilizar por parte de los padres y tutores. Asimismo, las compañías tecnológicas están obligadas a entregar informes semestrales de gestión de riesgos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), habilitar canales visibles de denuncia y someter sus algoritmos de recomendación a evaluaciones exhaustivas para neutralizar sesgos y mecánicas adictivas.
Uno de los mayores aciertos del decreto radica en el equilibrio logrado entre la protección de la infancia y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los usuarios, prohibiendo expresamente la censura previa, el monitoreo masivo de comunicaciones y cualquier medida técnica que pretenda debilitar el cifrado de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp. De manera categórica, la norma veta el perfilamiento algorítmico comercial, la recolección de datos biométricos y el rastreo de ubicación de los menores de edad para fines de publicidad dirigida.
De este modo, las herramientas estatales o privadas de control digital deben ceñirse estrictamente a los principios de minimización de datos y anonimización, respetando la autonomía progresiva de los jóvenes a medida que avanzan en su desarrollo cognitivo y social, y blindando al Estado frente a tentaciones de vigilancia masiva.
Por su parte, el sector educativo asume un rol protagónico e insustituible dentro de este engranaje de protección sistémica. Las instituciones educativas de todo el país deberán actualizar de manera obligatoria sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y sus Manuales de Convivencia para incorporar rutas claras de prevención y atención integral frente al ciberacoso y la violencia digital, articulándose de forma directa con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Adicionalmente, los colegios tendrán que formalizar talleres de mediación digital para padres en las escuelas de familia, al tiempo que el Ministerio de Educación pondrá en marcha un Repositorio Nacional de Buenas Prácticas en el portal Colombia Aprende, un espacio público y gratuito libre de publicidad y registros obligatorios. Con la creación del Sistema Integral de Monitoreo y una transición operativa de doce meses donde el MinTIC promoverá acuerdos de autorregulación con la industria, Colombia establece un estándar pionero que traslada la seguridad infantil desde el esfuerzo aislado de los hogares hacia un compromiso sistémico y articulado del Estado, la escuela y la sociedad.
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