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Cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años en Colombia, equivalentes al 21 % de quienes usan internet en ese rango de edad, fueron víctimas de alguna forma de explotación o abuso facilitado por la tecnología durante un solo año.
Esto, según el estudio Disrupting Harm presentado este miércoles 6 de mayo por la Oficina de Estrategia y Datos de Unicef Innocenti, Ecpat International y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que también encontró que ninguno de los adolescentes encuestados presentó denuncia formal ante autoridades, líneas de ayuda o trabajadores sociales.
La investigación, desarrollada en Colombia entre 2023 y 2025, hace parte de un estudio global que abarca a 25 países y se construyó a partir de una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes usuarios de internet entre 12 y 17 años y sus familias, además de entrevistas con sobrevivientes, autoridades, operadores de justicia y profesionales de primera respuesta.
El informe precisó que más de un tercio de las víctimas experimentó más de una forma de violencia, lo que indicó que no se trató de hechos aislados, sino de vulneraciones múltiples y concurrentes. La forma más reportada fue la recepción de imágenes no deseadas, señalada por el 15 % de los encuestados.
“Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, nos muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.
Los datos demostraron que las niñas y adolescentes mujeres fueron las más afectadas, con un 25 % de víctimas frente al 17 % de los niños y adolescentes hombres. La exposición fue mayor en zonas rurales (29 %) que en zonas urbanas (17 %), y la edad influyó en la prevalencia: el 21 % de los jóvenes de 17 años reportó haber sido víctima, frente al 7 % de quienes tenían 12 años.
El estudio puntualizó que la desigualdad de género y la pobreza propician estos abusos en Colombia, y advirtió que los niños hombres también son víctimas, aunque su situación suele permanecer oculta por normas de género y concepciones rígidas de la masculinidad que dificultan la revelación.
Quienes presenciaron violencia intrafamiliar tuvieron el doble de probabilidades de sufrir abuso facilitado por la tecnología, y quienes fueron víctimas de violencia presencial, el triple, según el documento.
📊 El estudio analiza la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, una forma de violencia que, en un solo año, afectó a 1 de cada 5 adolescentes que usa internet en Colombia. pic.twitter.com/nCd2ZLtRgR
— UNICEF Colombia (@UNICEFColombia) May 6, 2026
Además de la recepción de imágenes no deseadas (15 %), el estudio identificó ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos (6 %), presión para compartir contenido (5 %), amenazas de difundir imágenes íntimas (3 %), presión para hablar de temas íntimos o actos (3 %), extorsión (2 %), difusión de imágenes sin permiso (2 %) y amenazas o chantaje para participar en actividades (2 %).
El 2 % de los encuestados indicó que alguien utilizó inteligencia artificial para crear imágenes o videos falsos de ellos. Sobre este punto, el informe advirtió que un niño puede ser representado de manera sin haber compartido ninguna imagen real, lo que puede derivar en estigmatización, vergüenza, chantaje y sanciones sociales si el contenido circula.
Cerca de la mitad de los casos ocurrieron en redes sociales, principalmente Facebook (80 %), seguido de WhatsApp (30 %) e Instagram (17 %), todas propiedad de Meta. El 14 % se produjo en plataformas de videojuegos. Semanalmente, el 83 % de la niñez y adolescencia usa redes sociales y el 64 % juega en línea, indicó el informe.
El documento contradijo la creencia común de que los desconocidos son la principal amenaza: en el 50 % de los casos el agresor fue alguien que la víctima ya conocía, incluyendo familiares (22 %), parejas o intereses románticos (14 %) y amistades (14 %), mientras que el 21 % involucró a personas desconocidas. En el 17 % de los casos, el perpetrador fue otro niño, niña o adolescente.
El 70 % de las víctimas conoció primero al agresor de manera presencial: el 28 % en el colegio, el 22 % en el hogar y el 18 % en espacios públicos. El 30 % restante tuvo el primer contacto en línea.
El estudio también señaló que la industria de cámaras web y el turismo contribuyen a la explotación de niñas, niños y adolescentes en Colombia, y que estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades.
“Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades. Fomentar sistemas y entornos en los que los niños se sientan seguros, apoyados y capaces de denunciar los abusos es una responsabilidad compartida”, indicó Fabio González Flórez, líder de Proyectos en Ecpat International.
El informe hace un llamado a fortalecer leyes, mejorar la respuesta institucional, facilitar la denuncia, promover entornos seguros y aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales. La responsabilidad no debe solo recaer en los niños, niñas y adolescentes, sin apoyo. pic.twitter.com/tfBFWrObk1
— UNICEF Colombia (@UNICEFColombia) May 6, 2026
A pesar de la existencia de canales como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el portal Te Protejo Colombia y el sistema ¡A Denunciar! de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, ninguno de los adolescentes encuestados reportó formalmente los hechos.
El 52 % de las víctimas le contó a alguien lo sucedido, principalmente en espacios informales: el 17 % a amistades, el 15 % a madres o cuidadoras y el 8 % a hermanos. El 34 % no se lo contó a nadie.
Entre las barreras para hablar de lo ocurrido, el 36 % manifestó que no sabía a dónde acudir o a quién contarle, el 18 % señaló sentir culpa, vergüenza o estigma, el 13 % indicó que “no le dio importancia” y el 8 % consideró que no era grave. Una de cada cuatro víctimas pensó que no se haría nada al respecto y una de cada cinco fue desalentada por amigos o amigas. Uno de cada diez no sabía dónde podía reportar el abuso ni cómo hacer una denuncia.
El informe agregó que algunos niños temieron retaliaciones, en particular cuando el agresor pertenecía a redes criminales, y que otros temieron que reportar empeorara su situación si los perpetradores tenían acceso a imágenes suyas.
“La investigación Disrupting Harm llevada a cabo en Colombia aporta datos fundamentales para comprender mejor y responder a la explotación y el abuso infantil facilitados por la tecnología. Esta iniciativa está contribuyendo a impulsar una respuesta más coordinada y eficaz para proteger a los niños en la era digital”, comentó Mark Beavan, jefe de la Unidad de Delitos contra la Infancia de Interpol.
El estudio identificó vacíos legales en temas como grooming, exposición a contenido, material generado con inteligencia artificial, extorsión, acceso intencional a material de abuso infantil y abuso transmitido en vivo. Estas brechas, indicó el informe, pueden minimizar el delito y limitar la acción de fiscales e investigadores.
Aunque existe una ruta unificada de atención para víctimas de violencia, no hay protocolos específicos para los casos de abuso y explotación facilitados por tecnología, lo que dificulta identificar componentes digitales, responder a la circulación de imágenes y la extorsión, y coordinar la acción entre los sectores de protección, justicia, policía y servicios sociales.
“El informe muestra cómo las normas sociales, las presiones económicas y las lagunas legales alimentan esta crisis. Estos datos ofrecen a Colombia un camino claro hacia leyes más estrictas y sistemas de apoyo centrados en los niños”, indicó Marija Manojlovic, directora ejecutiva de Safe Online.
El informe documentó que las víctimas presentaron mayores niveles de ansiedad, autolesiones e ideación suicida, y que el abuso afectó su escolaridad, sus relaciones y su vida social. En casos extremos, los menores se vieron obligados a cambiar de ciudad o abandonar la escuela debido al acoso escolar y al estigma.
Entre las recomendaciones, el estudio planteó tipificar como delitos la retransmisión en directo de abusos, la extorsión facilitada por la tecnología, el grooming, el material de abuso generado digitalmente, incluido el creado con inteligencia artificial, y el acceso o visualización intencional de este material.
El informe también pidió exigir a las plataformas digitales notificación y retirada de contenido, canales de denuncia adaptados a niños, eliminación oportuna de contenidos perjudiciales y transparencia en la moderación, y mencionó que el decreto reglamentario de la ley sobre entornos digitales sanos y seguros para los niños permitiría a Colombia pasar de medidas reactivas a una protección efectiva.
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