El sector de las telecomunicaciones enfrenta desafíos crecientes como la baja rentabilidad, el estancamiento en el retorno de inversión y la intensa competencia, especialmente en Colombia, donde la inversión en infraestructura ha disminuido un 14,4 % respecto a 2023.
A pesar de los avances en tecnologías como el 5G, persisten problemas como la lenta adopción en zonas rurales y la dificultad para retener usuarios. Ante este panorama, las telecomunicaciones están adoptando la gestión avanzada de datos como estrategia clave para redefinir su modelo de negocio, detalla un informe de la firma Epam.
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El uso de datos ha evolucionado más allá de métricas tradicionales como ARPU y RGU. Ahora, se exploran fuentes más diversas, incluyendo información de red, dispositivos, historial de servicio y facturación.
Esto requiere consolidar datos, mejorar su calidad y establecer una cultura organizacional centrada en el análisis inteligente. Tecnologías como la inteligencia artificial generativa (GenAI) permiten desarrollar nuevos productos, personalizar servicios y optimizar precios y atención al cliente.
A nivel operativo, los datos ayudan a anticipar fallas técnicas, reducir costos y planificar mejor las inversiones, con el apoyo de tecnologías como Open RAN.
Sin embargo, es crucial mantener la confianza del consumidor, priorizando un uso responsable y progresivo de estas herramientas. En este contexto, los datos se consolidan como el nuevo eje competitivo del sector.
Por qué industria de telecomunicaciones es clave en Colombia
La industria de telecomunicaciones es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y tecnológico de Colombia. En un país caracterizado por una geografía diversa y compleja, que incluye regiones apartadas y de difícil acceso, las telecomunicaciones representan un puente esencial para cerrar brechas de conectividad y fomentar la inclusión digital.
A medida que las sociedades avanzan hacia una economía del conocimiento, la capacidad de acceder a servicios de información, educación, salud, comercio y gobierno digital depende en gran medida de una infraestructura de telecomunicaciones robusta, moderna y accesible. En este sentido, el sector no solo provee servicios esenciales como internet, telefonía y televisión, sino que también habilita el desarrollo de otros sectores estratégicos, como la banca, la educación, la logística y el agro, que cada vez dependen más de la digitalización para operar eficientemente.
Además, las telecomunicaciones son un motor importante de inversión y empleo en el país. Las grandes apuestas por el despliegue de redes 4G y 5G, así como por la expansión de la fibra óptica, han generado miles de empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local.
Empresas públicas y privadas invierten constantemente en infraestructura, innovación tecnológica y talento humano, impulsando una cadena de valor que incluye desde fabricantes de equipos hasta desarrolladores de ‘software’ y servicios en la nube. En los últimos años, a pesar de los desafíos en rentabilidad, el sector ha mostrado una fuerte resiliencia, manteniendo inversiones significativas que fortalecen la capacidad del país para competir a nivel global. Este dinamismo se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos, al permitirles comunicarse, informarse y participar activamente en una sociedad digital.
Por qué esas empresas importan para el Gobierno
La industria de telecomunicaciones es clave para la transformación digital del Estado y la modernización de las instituciones. El acceso a una conectividad estable y de calidad permite implementar políticas públicas más efectivas, ofrecer servicios gubernamentales en línea y mejorar la transparencia y eficiencia administrativa.
En un país como Colombia, donde muchas comunidades han estado históricamente excluidas de los procesos de desarrollo, las telecomunicaciones tienen el potencial de democratizar oportunidades y reducir desigualdades. Por estas razones, fortalecer este sector no solo es una necesidad tecnológica, sino una apuesta estratégica para el progreso sostenible e inclusivo de toda la nación. La conectividad, en este contexto, deja de ser un lujo y se convierte en un derecho fundamental para construir un futuro más equitativo.
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