El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 provocó un cambio significativo en las proyecciones económicas del país, alterando las expectativas de inflación, tasas de interés y la situación fiscal, según analistas expusieron en el diario La República.
El decreto que fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo, llevando el ingreso mensual a 2 millones de pesos con subsidio de transporte, sorprendió a analistas, bancos y centros de pensamiento que esperaban una normalización gradual de la inflación.
Antes de este aumento, la inflación proyectada para 2026 se mantenía en niveles relativamente bajos, alrededor del 4,6 %. Sin embargo, tras el anuncio, las expectativas se ajustaron al alza, con la mediana de las proyecciones subiendo a 6,15 %, lo que confirma que el aumento fue un choque macroeconómico.
Las principales entidades financieras revisaron sus proyecciones, con Banco Davivienda aumentando su estimación de inflación del 4,4 % al 7,2 %, y Corficolombiana ajustando su estimación de 4,9 % a 6,5 %. Uno de los aspectos más destacados de este incremento es que se aleja del criterio técnico tradicional, que sugeriría un aumento más cercano al 6%.
Este desvío, considerado el más alto en las últimas dos décadas, ha causado preocupación sobre los efectos inflacionarios a largo plazo, especialmente en el sector de servicios, donde los costos laborales son significativos. Sectores como restaurantes, hoteles, y servicios domésticos experimentarán aumentos en los precios, lo que podría empeorar la inflación.
Según Julio Romero, economista de Corficolombiana, este incremento no solo afectará los precios a corto plazo, sino que también tendrá efectos de segunda vuelta, como el aumento de los arriendos debido a la indexación de los contratos a la inflación. Esto podría prolongar las presiones inflacionarias hasta 2027.
“Si la inflación de 2026 termina siendo más alta, en 2027 los arriendos se van a indexar a esa inflación. Eso hace mucho más difícil que la inflación vuelva al rango meta del Banco de la República”, indicó.
El impacto también se reflejará en las tasas de interés, ya que el Banco de la República tendrá que adoptar una política monetaria más restrictiva. Algunas proyecciones, como la de Banco de Bogotá, sugieren que la tasa de política monetaria podría llegar hasta el 12 % para frenar la inflación.
Este ajuste también representa un desafío para la política fiscal, ya que el aumento del salario mínimo incrementa el gasto del gobierno en nómina y pensiones, lo que aumenta el déficit fiscal y reduce el margen de maniobra del gobierno.
Por lo tanto, el impacto del aumento del salario mínimo en la economía colombiana será complejo, y su resolución dependerá de la capacidad de las autoridades para gestionar los riesgos inflacionarios y fiscales.
¿Cómo influye el aumento del salario mínimo en arriendos en Colombia?
El aumento del salario mínimo en Colombia no tiene un impacto directo legal sobre el precio de los arriendos, pero sí influye de manera indirecta a través de la inflación y del costo de vida en general.
Según la normativa vigente, los cánones de arrendamiento de vivienda urbana solo pueden ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, no directamente por el salario mínimo. Esto significa que, aunque el sueldo básico se eleve significativamente, los arrendadores no pueden subir automáticamente el arriendo en esa misma proporción.
El IPC es el indicador que determina cuánto pueden incrementarse los arriendos cuando se cumple la vigencia del contrato o se renueva el mismo.
Para 2026, por ejemplo, el IPC del año anterior será el referente legal, y con cifras estimadas alrededor de 5,1 % a 5,8 %, ese sería el máximo permitido para aumentar un canon de arriendo en el país. Esto quiere decir que, aunque el salario mínimo suba más de 20 %, la ley permite únicamente que el arriendo suba según la inflación registrada.
Aun así, el salario mínimo puede afectar los arriendos de forma indirecta. Cuando el sueldo mínimo aumenta, muchos sectores de servicios intensivos en mano de obra, como administración de conjuntos residenciales u otros servicios ligados a viviendas, enfrentan mayores costos laborales.
Algunos de estos costos pueden trasladarse al consumidor en diferentes formas, lo que puede estimular una presión alcista en el IPC general. Un IPC más alto, a su vez, puede llevar a incrementos de arriendos mayores al año siguiente dentro de los límites legales.
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