El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto que modificaría las condiciones para que funcionarios públicos pensionados continúen trabajando en el Estado.
La iniciativa, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca promover el relevo generacional y facilitar el ingreso de nuevos trabajadores a las entidades públicas.
La medida también podría afectar al magisterio, debido a que contempla a docentes que ya reciben una pensión y permanecen vinculados al sector educativo. Por esta razón, sindicatos y representantes de los docentes siguen con atención el alcance de la propuesta.
Sin embargo, el decreto todavía no ha sido expedido y se desconoce su texto definitivo. Por ahora, tampoco está claro cuántos funcionarios serían cobijados, qué excepciones existirían ni cuándo comenzaría a aplicarse.
El Gobierno ha señalado que la iniciativa no busca eliminar las pensiones reconocidas ni afectar derechos adquiridos. El posible retiro estaría relacionado exclusivamente con la permanencia en los cargos públicos.
Actualmente, la Ley 1821 de 2016 establece los 70 años como edad de retiro forzoso para los servidores públicos, aunque existen condiciones que permiten a algunos pensionados continuar trabajando hasta alcanzar ese límite.
La nueva reglamentación podría modificar esas condiciones y establecer nuevas reglas para los pensionados que permanecen en el servicio estatal.
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