El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó este jueves 3 de septiembre una decisión judicial que establece condiciones para adelantar operaciones aéreas cuando exista información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por grupos armados.
(Vea también: Juzgado de Bogotá ordena suspender bombardeos donde haya indicios de presencia de menores en conflicto armado)
El funcionario manifestó que los fallos de la justicia deben ser respetados, aunque también pueden ser objeto de crítica, y centró su pronunciamiento en el alcance que tendría la decisión para las operaciones de la Fuerza Pública.
Lara puso especial atención en la expresión “razonablemente verificable”, incluida en el criterio que, según explicó, contempla la abstención de una operación aérea cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores reclutados.
¿Qué cuestionó Rodrigo Lara del fallo?
El ministro planteó dudas sobre cómo debería aplicarse ese criterio en el terreno y qué tipo de información sería suficiente para determinar que una operación aérea debe ser suspendida.
“¿Qué significa, en términos operacionales, ‘razonablemente verificable’? ¿Un indicio? ¿Una fuente?”, preguntó Lara en su publicación.
A partir de esas preguntas, el funcionario sostuvo que el estándar establecido por la decisión judicial tendría un alcance demasiado amplio para quienes deben tomar decisiones durante operaciones contra grupos armados.
El pronunciamiento de Lara se produjo en medio de la discusión sobre las condiciones que deben cumplir las Fuerzas Militares para emplear este tipo de operaciones cuando existe riesgo de afectar a menores reclutados por organizaciones ilegales.
El ministro remarcó que los niños y adolescentes deben recibir la máxima protección y aseguró que esa será una prioridad del Gobierno.
Rodrigo Lara advirtió por consecuencias para las operaciones aéreas
En su mensaje, el ministro también señaló que el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados representa una problemática particular para las autoridades.
Según Lara, si el criterio judicial tiene como consecuencia práctica reducir de manera considerable el margen para hacer bombardeos aéreos, las operaciones contra estructuras narcoterroristas podrían verse afectadas.
El funcionario llegó a plantear que, si ese termina siendo el efecto de la decisión, habría sido más sencillo prohibir directamente los bombardeos.
Su crítica se concentra así en las consecuencias operacionales que, desde su perspectiva, podría tener la decisión judicial, mientras que la protección de los menores continúa siendo uno de los elementos centrales del debate.
Lara también cuestionó que las organizaciones ilegales puedan terminar beneficiándose de una situación que ellas mismas despierten mediante el reclutamiento de menores.
Gobierno apelará la decisión judicial
Además de expresar sus reparos, Lara anunció que el Gobierno apelará el fallo.
El ministro consideró que la decisión puede producir un efecto que termine favoreciendo a los grupos armados y utilizó una dura expresión para referirse a esa posibilidad.
“Convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, afirmó.
Al final de su pronunciamiento, Lara calificó el fallo de “absurdo e inconstitucional”.
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