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La reciente intensificación del conflicto en Briceño, municipio ubicado al norte de Antioquia, ha desatado una profunda preocupación entre las autoridades y la comunidad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación alcanzó tal nivel de gravedad que se emitió una Alerta Temprana de Inminencia dirigida al Gobierno nacional. Esta decisión fue motivada, principalmente, por la aparición de un nuevo grupo armado en la región y la escalada de enfrentamientos, factores que han puesto a la población —tanto en la zona urbana como rural— bajo un estado de riesgo crítico.
El reporte de la Defensoría detalla que la confrontación principal surge entre el Frente 36, una disidencia del Bloque Magdalena Medio, y la estructura emergente denominada Guerrillas Campesinas Los Cabuyos. Esta última fue conformada recientemente tras la ruptura interna del Frente 18, previamente ligado al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de “Calarcá”, quien ha sido señalado como uno de los líderes visibles de las disidencias de las FARC. No obstante, la complejidad del conflicto aumenta con la salida del Frente 18 del EMBF y su posterior unión al denominado Nuevo Estado Mayor Central (EMC), el cual se encuentra bajo el mando de “Iván Mordisco”. Según la Defensoría, este reacomodo podría traducirse en una escalada de la presión armada sobre un territorio considerado estratégico tanto para la movilidad como para la economía ilegal, especialmente la vinculada a cultivos ilícitos y la minería ilegal de oro.
Además, se informa que otros actores, como el Clan del Golfo, hacen parte activa de la disputa, intensificando la amenaza y la posibilidad de nuevos episodios de violencia en los próximos meses. La Defensoría sustentó estos señalamientos con cifras alarmantes: hasta septiembre de 2025, Briceño reportó el asesinato de diez jóvenes de entre 17 y 28 años. En octubre, frente a la posibilidad de enfrentamientos entre el Frente 36 y el Clan del Golfo, al menos 1.033 familias (2.110 personas) se vieron obligadas a abandonar sus hogares, lo que constituyó una de las mayores crisis humanitarias recientes en la región.
El informe también subraya un aumento notorio del control social ejercido por los grupos armados. A través de panfletos amenazantes se han impuesto restricciones a la movilidad, la prohibición de circular en horarios nocturnos y la exigencia de cartas de recomendación comunitarias para acceder a determinadas zonas. Estos controles han puesto en una situación delicada a los liderazgos locales, coaccionados para replicar las órdenes y expuestos a represalias de las organizaciones rivales.
Respecto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría documentó incidentes como el ataque a una ambulancia perpetrado por el Frente 18 en julio, y denunció la siembra de minas antipersonal y otros artefactos explosivos por parte del Frente 36, un riesgo persistente para las comunidades en retorno. Particularmente vulnerables son los niños y adolescentes, quienes representan más de un tercio de la población local y viven bajo la constante amenaza del reclutamiento forzado y el abandono escolar en zonas peligrosas.
También las mujeres enfrentan una grave situación de estigmatización, sobre todo quienes trabajan en comercios frecuentados por los actores armados. Por su parte, docentes han recibido amenazas atribuidas al Frente 36, generando preocupación ante la posible disminución de la cobertura educativa. Frente a este panorama, la Defensoría instó a ministerios y entidades estatales, como el Ministerio del Interior, Defensa, la Agencia de Acción Integral contra Minas Antipersonal y la Gobernación de Antioquia, a ejecutar acciones inmediatas fundamentadas en derechos humanos y seguridad, con particular énfasis en la protección de menores, líderes sociales y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
¿Qué acciones pueden contribuir a fortalecer la prevención de reclutamiento forzado de menores en municipios afectados por la violencia armada?
El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, señalado en el reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre Briceño, es una de las principales afectaciones en contextos de conflicto armado, especialmente cuando el control territorial y la economía ilegal limiten las oportunidades para la infancia. La preocupación radica en que este fenómeno se nutre de la vulnerabilidad social y la desescolarización, y la respuesta debe involucrar tanto a las instituciones estatales como a las comunidades locales.
Prevenir el reclutamiento requiere acciones interinstitucionales y sostenidas, como fortalecer la presencia educativa y los mecanismos de protección social, responder con apoyo psicosocial y brindar alternativas a los jóvenes, así como desarticular las redes organizativas que alimentan la lógica de la guerra y la exclusión. Las recomendaciones de la Defensoría destacan la urgencia de políticas integrales y la necesidad de implicar a múltiples actores sociales para proteger a la población menor de edad en zonas de alto riesgo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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