El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El proceso de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderada por “Calarcá Córdoba”, enfrenta actualmente uno de sus momentos más delicados. La última ronda de negociaciones culminó el pasado viernes con acuerdos sobre tierras, garantías para los comicios y protección ambiental, según reportó El Espectador. Sin embargo, apenas tres días después, salieron a la luz revelaciones que involucran a miembros de esa disidencia con el general Juan Miguel Huertas y con Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que destapó un escándalo con fuertes repercusiones políticas y judiciales.
De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol fundamentada en documentos incautados en julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Antioquia, las comunicaciones obtenidas evidenciaron una red de contactos entre las disidencias y funcionarios estatales. Entre los archivos confiscados –compuestos por chats, cartas, fotografías y documentos internos de la Fuerza Pública– se reveló que la disidencia accedió a información clasificada sobre operaciones militares en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar, lo que le habría otorgado ventaja táctica durante los diálogos.
Uno de los hallazgos más controversiales corresponde a una carta fechada en febrero de 2024, encontrada en el computador de “Calarcá”, en la que se menciona una reunión entre Huertas y miembros de la disidencia. Allí se expuso una propuesta para constituir una empresa de seguridad fachada, con el objetivo de facilitar la movilización del grupo armado en vehículos blindados y el porte de armas legalizadas. En el mismo documento aparece aludido Mejía, el funcionario de la DNI. Huertas ha rechazado tajantemente las acusaciones, afirmando ser víctima de suplantación desde 2020.
Mientras esto sucedía de forma paralela, la mesa de conversaciones avanzaba y se cerraban siete compromisos, incluyendo protocolos de comunicación para evitar episodios violentos en el marco del cese al fuego bilateral, vigente hasta marzo, cuando Petro ordenó levantar esa medida tras un ataque atribuido a “Mordisco” que cobró la vida de la lideresa indígena Carmelina Yule. Desde ese momento, la disidencia se fragmentó en dos: el Estado Mayor Central, encabezado por “Mordisco”, que abandonó el proceso, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, bajo el mando de “Calarcá”, que continuó en los diálogos.
Las pruebas, que tras un año bajo custodia fueron publicadas apenas recientemente, mostraron que la cúpula de “Calarcá” recibió detalles sobre movimientos de la Fuerza Pública y que hubo advertencias previas sobre operativos contra “Mordisco”, explicando así parte de las ventajas tácticas que tuvo la disidencia durante este periodo. La respuesta de Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno, en entrevista con La W Radio, fue contundente: negó conocimiento de estos nexos y recalcó que ningún acercamiento con los funcionarios señalados fue autorizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
No obstante, la delegación estatal ha reforzado las medidas de control y verificación para resguardar el proceso de futuras manipulaciones, exigiendo mayor claridad y endureciendo los protocolos técnicos. Se han iniciado investigaciones internas y se espera que la Fiscalía esclarezca por qué los dispositivos con pruebas permanecieron sin ser revisados por tanto tiempo. Para la mesa negociadora, uno de los aspectos críticos es ahora la confianza institucional y la necesidad de garantizar que la interlocución se mantenga clara y exclusiva entre las partes autorizadas.
El escándalo pone a prueba la voluntad de paz tanto del EMBF como del Estado. Aún así, ni el Gobierno ni la delegación de “Calarcá” han manifestado su intención de abandonar los acuerdos establecidos en el séptimo ciclo. El desafío presente consiste en blindar el proceso de las turbulencias políticas derivadas de estos hechos, sin suspender los compromisos alcanzados ni romper la continuidad de las negociaciones, mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas.
¿Por qué es tan importante el cese al fuego bilateral en procesos de paz?
El cese al fuego bilateral constituye una de las herramientas más críticas en cualquier proceso de negociación con grupos armados, pues sirve tanto para generar condiciones de confianza como para reducir la violencia durante las conversaciones. Su levantamiento, como en el caso de las disidencias “Mordisco” y “Calarcá”, suele marcar un cambio de rumbo en los diálogos y puede incidir directamente en la disposición de las partes a continuar negociando.
En los procesos recientes en Colombia, el cese al fuego bilateral ha significado pausas temporales en el conflicto armado, permitiendo avances técnicos y acuerdos parciales. Sin embargo, su ruptura o alteración implica riesgos para los civiles y puede alimentar divisiones dentro de las mismas organizaciones armadas, tal como ocurrió con la fragmentación de las disidencias tras los incidentes en el Cauca.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
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