El proceso judicial contra Arturo Char seguirá su curso en la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal resolvió que el exsenador deberá responder en juicio por su presunta participación en una red de compra de votos, al concluir que las pruebas reunidas durante la investigación son suficientes para mantener vigente la acusación.
(Vea también: Arturo Char ya se encuentra en libertad luego de orden de juez por vencimiento de términos)
Según informó Blu Radio, decisión se produjo después de que la defensa solicitara revocar el auto de acusación. Sin embargo, los magistrados consideraron que los argumentos presentados no desvirtúan los elementos probatorios recopilados por la Sala de Instrucción, por lo que el expediente continuará hacia la etapa de juzgamiento.
En la providencia, la Corte Suprema sostuvo que existen indicios de un presunto acuerdo criminal orientado a captar votos de manera irregular durante las elecciones al Congreso de 2018. Según el análisis del tribunal, esa hipótesis no se soporta únicamente en los señalamientos de la excongresista Aída Merlano, sino también en testimonios, documentos y otros elementos incorporados al proceso.
Los magistrados también señalaron que la supuesta estructura habría estado integrada por varios actores políticos y particulares. Entre los nombres mencionados dentro del expediente aparecen Arturo Char, Aída Merlano, el empresario Julio Gerlein, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la dirigente Lilibeth Llinás, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían cumplido distintos papeles dentro del esquema que es objeto de análisis judicial.
La decisión judicial hace referencia, además, a la denominada “Casa Blanca”, inmueble que, según la investigación, habría funcionado como punto de coordinación de la operación política. Allí, presuntamente, se organizaban actividades relacionadas con la captación de votantes y la entrega de dinero a cambio de apoyar determinadas candidaturas en los comicios de 2018.
Con esta determinación, Arturo Char enfrentará la fase de juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravada. En esa etapa, tanto la Fiscalía como la defensa expondrán sus pruebas antes de que la Corte emita un fallo sobre la responsabilidad del excongresista.
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