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El proceso judicial por el asesinato de Sara Millerey González Borja atraviesa uno de sus momentos más delicados. Esta semana no se llevó a cabo la audiencia prevista para el martes 9 de junio, considerada fundamental para el avance de la investigación. Deberá ser reprogramada.
El aplazamiento ocurre en un momento en que la defensa de los capturados podría hacer valer los términos procesales para solicitar su libertad, que según la ley 906 de 2004, la detención preventiva no podrá exceder de un año. Pasado ese tiempo, si no hay una sentencia, la persona tiene derecho a solicitar la libertad provisional.
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Los capturados, en este sentido, ya han cumplido el año de detención preventiva. Uno fue capturado en abril, y el otro a finales de mayo del año pasado. Ante esto, la Fiscalía solicitará la extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los procesados recuperen la libertad antes de que exista una decisión de fondo.
Que la audiencia no se haya realizado no implica automáticamente que los investigados queden libres, pero sí aumenta la presión sobre los tiempos de la justicia en uno de los casos que más conmocionó a Antioquia este año.
Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue asesinada el 4 de abril de 2025 en Bello en un crimen que generó indignación nacional e internacional. Según la Fiscalía, los presuntos responsables la retuvieron, la llevaron a una casa y la golpearon hasta causarle fracturas en los brazos, las piernas y el tórax. Luego la arrojaron a la quebrada La García y habrían constreñido a los vecinos para que no intervinieran.
Horas después, familiares y bomberos la sacaron del afluente y la trasladaron a un centro asistencial. Pero el tiempo que pasó en el agua contaminada le provocó una infección severa que, sumada a la gravedad de las heridas, acabó con su vida dos días después.
Las imágenes de Sara pidiendo ayuda desde la quebrada, con los brazos y piernas fracturados, sin poder salir, recorrieron el país y provocaron manifestaciones de rechazo, pronunciamientos del Gobierno Nacional y llamados de organismos internacionales a investigar el caso con enfoque diferencial por su posible motivación en la identidad de género de la víctima.
Semanas después del homicidio, las autoridades capturaron a dos hombres: alias “Teta”, identificado como Juan Camilo Muñoz Gaviria, con presuntos vínculos con la banda El Mesa; y alias “Chuky”, identificado como Juan David Echavarría Zapata, también presunto integrante de dicha organización criminal y con antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Echavarría Zapata, además, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Ambos fueron enviados a prisión preventiva mientras vanza el proceso judicial.
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Ahora, la defensa podría pedir su libertad argumentando vencimiento de términos: una figura jurídica que opera cuando no se cumplen ciertos plazos procesales sin avances suficientes hacia la etapa de juicio. Esto no cerraría el proceso ni eliminaría los cargos, pero los implicados continuarían en libertad mientras la justicia resuelve de fondo su vinculación al expediente.
La decisión final quedará en manos de un juez. La posibilidad de que los únicos capturados queden libres ha generado alarma entre familiares, activistas y organizaciones sociales, que temen que el proceso pierda impulso. Para la familia de Sara, que durante años vio cómo ella enfrentó discriminación y violencia, la exigencia es la misma desde el primer día: que el caso no quede en la impunidad y que se investigue a todos los responsables.
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