Gustavo Petro, recientemente en escándalo por ir a un club en Portugal, sorprendió con la rectificación ante una afirmación que hizo sobre Paloma Valencia, aunque en su mensaje sacó a flote el diccionario para justificar su idea.
“En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que ‘fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales'”, indicó en la primera parte del texto.
La publicación que hizo el presidente de Colombia en su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) fue la oportunidad para aclarar lo que quiso decir sobre la congresista.
“Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el congreso de la República. La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias. Se trataba ni más ni menos de un delito de lesa humanidad, la muerte de centenares de jóvenes por funcionarios públicos armados es un crimen contra la humanidad, que después se investigó y sé investiga en al JEP, esa es mi crítica que no conlleva el que la accionante haya estado comprometida en los hechos directamente. Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal”, aseguró.
Cabe recordar que el pasado 27 de octubre de 2025 se conoció la decisión de que Petro debía retractarse sobre Valencia al mencionarla como “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, tema sobre el que se refirió.
“Mi desacuerdo político es profundo frente a las narrativas que han minimizado, relativizado o negado la dimensión de los mal llamados ‘falsos positivos’, que no es más que aproximadamente 6.402 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, crimen contra la humanidad que cualquier juez debe reconocer y cualquier ciudadano rechazar. Mi crítica es frente a los modelos de ‘seguridad democrática’ basados en el número de muerto; esa postura crítica, en memoria de la sangre derramada de los inocentes, permanece intacta”, explicó.
El presidente de Colombia puso sobre la mesa las responsabilidades de su cargo en medio de la respuesta legal en la que dejó en claro su intención general ante la sociedad.
“Mi deber como hombre de la República es que nunca se repita una tragedia así. Por eso, la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico debe adelantarse siempre dentro del respeto a las reglas del ‘ius ad bellum’ y del “ius in bello”, y con plena observancia de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas”, finalizó.
Semanas atrás, Miguel Polo Polo también se tuvo que rectificar en el contexto de los falsos positivos, aunque en su caso fue por una disculpa que tuvo que dar ante las madres de las víctimas.
Esta fue la publicación:
En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro, como dice el…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2025
¿Qué fueron los falsos positivos en Colombia?
Los ‘falsos positivos’ en Colombia se refieren a un escandaloso patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, mediante el cual civiles inocentes eran asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, la práctica se intensificó entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, momento en el que la motivación principal era inflar las cifras de bajas enemigas para justificar los resultados de la seguridad democrática.
Durante ese periodo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó al menos 6.402 casos de civiles asesinados por militares y luego presentados como muertos en combate.
Muchas víctimas eran jóvenes de zonas rurales o vulnerables que fueron atraídas con promesas de empleo, para luego ser asesinadas y reportadas como guerrilleros.
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