Una propuesta tan arriesgada como profundamente debatible sacudió el escenario económico nacional durante la instalación del Congreso Colfecar 2026. Sebastián Echeverry, presidente de la junta directiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), presentó un crudo y detallado diagnóstico sobre la realidad que atraviesa el sector, poniendo sobre la mesa una iniciativa sin precedentes orientada a dinamizar la productividad del país: eliminar cinco días festivos del calendario a cambio de otorgar cinco días adicionales de vacaciones a los trabajadores.
El planteamiento nace de un análisis operativo sobre el impacto negativo que generan los tradicionales puentes festivos en el flujo continuo de mercancías. De acuerdo con las cifras expuestas por el dirigente gremial, para este año Colombia tiene presupuestados un total de 19 días festivos, cuyas restricciones de movilidad asociadas provocan parálisis operativas que se traducen en la pérdida de al menos 24 horas continuas de transporte por cada fecha. “Es muy difícil hablar de competitividad cuando un camión debe estar parado cerca de 20 días al año”, enfatizó Echeverry, defendiendo que la medida generaría un equilibrio donde ganan los empleados con más descanso y gana el país con mayor producción.
No obstante, el debate sobre los festivos es apenas la punta del iceberg de una crisis estructural que amenaza la supervivencia financiera de las empresas transportadoras. Uno de los aspectos más apremiantes denunciados por Colfecar es el asfixiante golpe a la liquidez provocado por el drástico incremento en la tarifa de autorretención, la cual se triplicó al pasar del 1,1 % al 3,5 %. Al cobrarse directamente sobre los ingresos brutos —y no sobre las utilidades netas—, esta tasa descapitaliza a las compañías de manera sistemática, obligándolas a endeudarse con el sistema financiero exclusivamente para mantener la operación diaria, dado que la mayor parte de su caja se va en combustible, peajes y nómina.
A esta pesada carga tributaria se suma una profunda asimetría en los plazos de pago dentro de la cadena logística. Hoy en día, los transportadores deben desembolsar prácticamente el 100 por ciento de los costos del viaje en anticipos y saldos obligatorios en un plazo máximo de cinco días hábiles, incluso antes de contar con la posibilidad legal de facturar al generador de carga. Ante esto, el gremio exigió acordar reglas claras y equitativas que garanticen flujos de caja sanos para los pequeños y medianos propietarios.
En el frente laboral, Echeverry insistió en la necesidad imperiosa de construir un régimen especial para los conductores en una mesa tripartita, destacando que es inaplazable resolver temas críticos como las largas jornadas, los tiempos de espera improductivos y, sobre todo, una solución definitiva para su pensión. Asimismo, advirtieron sobre la competencia desleal de la informalidad, que evade costos del Sice-TAC y presiona los fletes a la baja, y exigieron revisar las cargas administrativas del Decreto 1017. Finalmente, en materia de renovación de flota, el gremio pidió sincerar los recursos del fondo de reposición —reduciendo al 10 % o a cero el equivalente pagado al adquirir un vehículo— para modernizar al menos 100.000 camiones en los próximos cuatro años y rescatar la competitividad nacional.
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