El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles a la polémica decisión del Gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y antiguo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), prófugo de la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Petro aseguró que la determinación de Managua responde a “dos razones poderosas”: la primera, que el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, “no quiere a Petro porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra (Anastasio) Somoza”; y la segunda, la trayectoria de González en Nicaragua en los años setenta, cuando, según el jefe de Estado, “fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19, a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”.
Se debe a dos razones poderosas.que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza.
La Cancillería de Nicaragua justificó la protección internacional citando el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución por delitos políticos o conexos. Sin embargo, el Gobierno colombiano, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, rechazó la decisión e instó a Managua a reconsiderar el asilo.
“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la Justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”, señaló el comunicado oficial.
González, considerado uno de los hombres de confianza de Petro hasta hace unos meses, enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos de carácter común vinculados al mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno. La Fiscalía colombiana ya había solicitado su captura y pedido en extradición.
La decisión de Ortega, sumada a la respuesta del presidente colombiano, abre un nuevo capítulo de tensión diplomática entre Bogotá y Managua, marcado por el choque entre el reclamo judicial de Colombia y el amparo político concedido por Nicaragua.
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