En medio de una nueva polémica, las declaraciones de Gustavo Petro sobre el caso de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, habrían provocado un efecto negativo para la empresaria.
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Así lo dio a conocer Francisco Bernate, abogado de Barrera, quien en diálogo con Blu Radio aseguró que las intervenciones del presidente le crearon dificultades adicionales para su clienta dentro de su anterior lugar de reclusión, la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
“Cada vez que el presidente de la República o el ministro de Defensa hablaron de esta situación en los consejos de ministros y demás, obviamente las restantes reclusas no toman eso como algo muy positivo, de qué bueno, por ti y demás, sino que la reacción puede ser precisamente la contraria, ¿no? ¿Por qué usted sí y nosotros no?”, indicó Bernate.
Esta habría sido una de las razones que llevaron al jurista a solicitar el traslado a una guarnición militar, lo que ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto.
“Entonces digamos que eso también generó dificultades para ella en el lugar donde estaba recluida y tal vez lo mejor era que ella estuviera en otro lugar, porque esa visibilidad y el estar permanentemente en boca ni más ni menos que el presidente de la República, pues obviamente al interior de una institución como una cárcel, no eran situaciones propiamente bienvenidas”, agregó Bernate.
¿Quién autorizó el traslado de ‘Epa Colombia’ a una guarnición militar?
De acuerdo con el abogado, el traslado no fue ordenado por un juez, sino autorizado directamente por el Ministerio de Justicia y el Inpec, luego de una evaluación interna que determinó que su permanencia en el centro carcelario implicaba riesgos para su integridad y limitaciones en el acceso a servicios médicos adecuados.
Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Defensa, por medio de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, gestionó un espacio para ella en la Escuela de Carabineros en Bogotá.
Para Bernate, la decisión de traslado se tomó en medio de un contexto grave y delicado, marcado por el aislamiento, las dificultades para recibir visitas familiares.
Además, algo que habría marcado desfavorablemente el estado emocional de la condenada habría sido la negativa a desarrollar los cursos de peluquería que ella había solicitado.
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