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La Federación Nacional de Departamentos de Colombia: Un Frente Unido Contra las Decisiones del Gobierno Nacional
La Federación Nacional de Departamentos de Colombia ha manifestado su firme oposición frente a varias recientes decisiones adoptadas por el gobierno nacional bajo la presidencia de Gustavo Petro. Esta postura surge como respuesta a políticas que, a juicio de los mandatarios regionales, vulneran la autonomía territorial y afectan negativamente la inversión social—aspectos considerados esenciales para el desarrollo de los departamentos. Gobernadores como Elvia Milena Sanjuán, del departamento del Cesar, se han sumado a esta voz colectiva de protesta mediante una carta dirigida al Ejecutivo, en la que exigen la revisión y modificación de las medidas implementadas.
El trasfondo de esta confrontación se relaciona estrechamente con la gestión del Sistema General de Regalías (SGR), que constituye una herramienta clave para promover inversiones regionales. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió recientemente un concepto que restringe la inclusión de determinados gastos legales y tributarios en los proyectos financiados por el SGR—a pesar de que las propias "Guías de proyectos tipo" del mismo DNP contemplan dichas erogaciones, lo que ha generado confusión y parálisis en la ejecución de proyectos. Según información reportada por El Espectador y medios especializados, esta restricción pone en jaque la viabilidad financiera de muchos proyectos de desarrollo local.
La autonomía territorial, principio establecido en la Constitución de Colombia, constituye otro pilar de la controversia. Los departamentos poseen competencias y responsabilidades propias en temas de planeación y desarrollo regional, y decisiones tomadas unilateralmente desde el gobierno central pueden menoscabar estos avances y generar fricciones institucionales, como señalan reportes del DANE y análisis publicados en diversos medios nacionales.
La Federación Nacional de Departamentos ha articulado su inconformidad en torno a cuatro puntos fundamentales: el levantamiento del concepto restrictivo del DNP referente al SGR; la suspensión del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que afecta la formalización del personal de la salud pública; la implementación inmediata de la Ley 2468 de 2025 sobre el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET); y la exigencia de nombramientos en propiedad para los gerentes de entidades públicas clave, entre las que se destacan el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Invías y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Estos requerimientos, sustentados en información de El Espectador y el propio DNP, buscan salvaguardar la gestión eficiente de recursos, la estabilidad laboral en sectores sensibles como la salud, y garantías institucionales que permitan a los departamentos cumplir con sus funciones constitucionales. La Ley 2468 de 2025, por ejemplo, procura mejorar la sostenibilidad del sistema pensional público territorial, siendo esencial para miles de servidores públicos en diferentes regiones.
Mirando hacia el futuro, el escenario plantea retos considerables: la cohesión política de los gobernadores representa una presión significativa sobre las políticas nacionales, pero aumenta el riesgo de rupturas institucionales que puedan comprometer el desarrollo regional. Analistas han indicado en entrevistas con medios nacionales que lograr un equilibrio entre la autonomía de los entes territoriales y los objetivos nacionales será determinante para garantizar políticas inclusivas y duraderas.
En este ambiente de tensión institucional, instrumentos como NINA, desarrollados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se presentan como aliados de los periodistas y la ciudadanía en general, promoviendo la transparencia y el seguimiento al uso de los recursos públicos, elemento crucial dado el manejo de fondos de regalías y pensiones.
La coyuntura actual entre el gobierno nacional y los departamentos pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación interinstitucional, así como el rol que cumplen los medios y la investigación periodística para garantizar transparencia y responsabilidad (accountability) en la gestión pública.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el Sistema General de Regalías (SGR) y por qué es crucial para los departamentos?
El Sistema General de Regalías (SGR) es el mecanismo a través del cual se distribuyen en Colombia los ingresos obtenidos de la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo y el carbón. Este sistema es fundamental para los departamentos, ya que financia proyectos de inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo social, especialmente en regiones productoras y las menos favorecidas. La reciente controversia surge porque las decisiones sobre la administración de estos fondos pueden limitar la autonomía financiera de los gobiernos regionales, retrasando iniciativas determinantes para el bienestar de la población local.
La importancia estratégica del SGR radica en la posibilidad de reducir desigualdades regionales y brindar autonomía para priorizar inversiones según las particularidades territoriales. Al quedar sujetos a lineamientos centrales que puedan restringir el acceso o manejo de estos fondos, los departamentos enfrentan mayores obstáculos para cubrir sus necesidades específicas, lo que ha motivado su reacción colectiva frente a las medidas recientes del gobierno nacional.
¿Por qué es relevante la demanda de nombramientos en propiedad para los gerentes de entidades públicas como el SENA o el ICBF?
Los nombramientos en propiedad para gerentes o jefes seccionales de instituciones públicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizan estabilidad y transparencia en la gestión de estas entidades. Cuando estos cargos se ocupan de modo provisional, existe el riesgo de dificultades administrativas, falta de continuidad en los proyectos, o decisiones condicionadas por intereses políticos o personales.
La estabilidad institucional en cargos clave es fundamental para asegurar la eficiencia del gasto público y la completa implementación de políticas sociales. Si los nombramientos en propiedad no se garantizan, se compromete la capacidad de respuesta de las entidades públicas a las necesidades de la ciudadanía, vulnerando derechos laborales e impidiendo la continuidad de estrategias de largo plazo esenciales para el desarrollo regional.
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