El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las recientes declaraciones del candidato Juan Carlos Pinzón, representante del partido Oxígeno, sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, han suscitado una fuerte controversia política en Colombia. Durante un podcast emitido el jueves, Pinzón afirmó que “donde el ELN ha hecho presencia toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil”. Estas palabras recibieron inmediato rechazo en Arauca y polarizaron la discusión pública nacional, según reporta El Espectador.
Pinzón también aludió a Lina María Garrido, representante del departamento, haciendo referencia a supuestas conexiones políticas con el exgobernador Facundo Castillo, actualmente privado de libertad por presuntos nexos con el ELN. El candidato sugirió que estas alianzas reflejan la historia de departamentos como Arauca, donde, según sus palabras, personas vinculadas al grupo armado posteriormente participan de la economía local a través de las regalías.
La respuesta de Garrido no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antigua Twitter), acusó a Pinzón de poner en riesgo no solo a su familia sino a los ciudadanos araucanos, y aseguró que sus señalamientos eran desafortunados y malintencionados. La congresista también recordó que hace solo tres meses Pinzón buscó su apoyo para la campaña presidencial, lo que, en su opinión, desacredita la crítica posterior.
La polémica escaló rápidamente, sumando el rechazo de otros congresistas de Arauca. Germán Rozo, representante del partido Liberal, expresó que las declaraciones eran estigmatizantes y exigió una retractación pública, señalando el impacto negativo en la honra y seguridad de los habitantes del departamento. Por su parte, el senador José Vicente Carreño del Centro Democrático evocó la época en la que Pinzón fue ministro de Defensa, argumentando que bajo su gestión el ELN incrementó su influencia en la región.
El gobernador Renson Martínez también se pronunció, rechazando la estigmatización hacia la ciudadanía y enfatizando que los araucanos han sido víctimas, no beneficiarios, del accionar del ELN. Martínez recalcó que generalizar o asociar a toda la población con grupos armados ilegales no solo los ofende, sino que además puede incrementar los riesgos en su seguridad.
Ante la avalancha de críticas, Pinzón se defendió en una entrevista con El Espectador. Sostuvo que sus palabras no iban dirigidas contra la población civil sino contra quienes han sometido a las comunidades a la violencia y el miedo. No obstante, el candidato evitó responder directamente a las acusaciones de Garrido.
En medio de la controversia, Juan Daniel Oviedo, miembro de la Gran Coalición por Colombia, sugirió que las afirmaciones de Pinzón habían sido sacadas de contexto. Aclaró que el propósito era señalar el control que ejerce el ELN sobre Arauca, sin afirmar que sus habitantes formen parte del grupo armado.
Finalmente, la discusión trascendió el ámbito local y llegó a la esfera nacional. Roy Barreras, aspirante presidencial, acusó a Pinzón de propiciar la estigmatización de regiones periféricas, una práctica que, argumenta, ha perpetuado la violencia y victimización en Colombia durante décadas. Barreras concluyó exigiendo respeto y una disculpa dirigida al pueblo araucano.
Este episodio ilustra cómo las declaraciones de figuras públicas pueden alimentar tensiones sociales y políticas, especialmente en regiones impactadas por el conflicto armado. La disputa resalta las dificultades de separar las realidades del territorio de las narrativas políticas durante una campaña electoral.
¿Qué significa estigmatización en el contexto político y por qué genera tanto rechazo?La estigmatización, en términos políticos, consiste en atribuir características negativas, sospechas o señalamientos colectivos a una comunidad o grupo, comúnmente sin pruebas individuales. Este fenómeno es especialmente controvertido en regiones como Arauca, afectadas históricamente por conflicto armado y criminalidad, donde la población civil ha sufrido las consecuencias de la violencia.
Acusar o insinuar que todos los habitantes de una zona están vinculados a un grupo ilegal no solo resulta injusto, sino que puede aumentar el riesgo para quienes ya son víctimas. Además, afecta la reputación del territorio y de sus representantes, reduciendo las posibilidades de diálogo, apoyo institucional y oportunidades de desarrollo. Por eso, tanto líderes locales como nacionales insisten en rechazar declaraciones que generalicen y revictimicen a comunidades enteras.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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