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La Fiscalía General de la Nación estaría a punto de endurecer las acusaciones contra los seis procesados por el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
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Los detenidos inicialmente imputados por tentativa de homicidio pasarían a responder por homicidio agravado, según W Radio. Este cambio, que se formalizaría en los próximos días, implica un aumento significativo en las penas que podrían enfrentar y modifica de fondo la estrategia de defensa de los acusados.
Entre los procesados se encuentra un menor de edad que, según la investigación, habría sido el autor material del disparo mortal. Se trata de alias “Tianz”, de 15 años, quien, de acuerdo con videos y pruebas recaudadas, habría accionado la pistola Glock 9 mm contra Uribe mientras este participaba en un evento político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Fontibón. La Fiscalía sostiene que el arma fue entregada por alias “Gabriela” y que fue adquirida en Arizona, Estados Unidos.
La investigación ha permitido perfilar la estructura criminal detrás del atentado. Según las autoridades, Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, habría sido el autor intelectual, contratando a los demás implicados para ejecutar el plan. Entre ellos estarían los conductores de los vehículos utilizados para el desplazamiento y la huida —Carlos Eduardo Mora González y William Fernando González Cruz—, así como Cristian Camilo González Ardila, motociclista que facilitó la fuga del menor tras el ataque.
Todos permanecen bajo estrictas medidas de seguridad en el búnker de la Fiscalía y ya estaban procesados por concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos. Con la adición de homicidio agravado, la pena podría superar los 40 años de prisión para los adultos implicados.
En el caso del adolescente, quien aceptó su responsabilidad ante un juez de infancia y adolescencia, la sanción se aplicará bajo el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que prevé medidas privativas de la libertad más cortas y orientadas a la resocialización. Sin embargo, su confesión refuerza el caso de la Fiscalía contra la estructura criminal y podría ser utilizada como prueba clave en los juicios de los demás procesados.
La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones en el marco de un caso que, por la trayectoria política de la víctima, mantiene alto impacto en la agenda nacional.
Por otro lado, la firma de abogados de la familia de Miguel Uribe, Víctor Mosquera Marín, se pronunció:
“Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas. No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”.
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Y agregaron que continuarán empleando todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral.
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