La defensa técnica de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, radicó una acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras rechazarse su traslado al establecimiento de máxima seguridad de Cómbita, ubicado en el departamento de Boyacá. El procesado, quien es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), argumentó que la decisión administrativa vulnera sus derechos fundamentales y constituye una forma de persecución política.
De acuerdo con el abogado defensor Felipe Alzate, la medida adoptada por el Inpec carece de motivación objetiva y desatiende los lineamientos jurisprudenciales sobre el arraigo familiar y territorial de los internos. “La facultad del Inpec de ordenar traslados no es discrecional, caprichosa, ni puede convertirse en una forma de persecución política. Como lo han indicado los altos tribunales, todo traslado debe estar motivado en circunstancias probadas y razonables, y debe respetar el debido proceso, derecho de defensa y unidad familiar, aun más cuando hay menores de edad de por medio”, sostuvo el penalista.
Quintero es procesado por la Fiscalía General de la Nación como presunto determinador en el direccionamiento irregular de seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2019 y 2023, cuyo monto asciende a $17.657 millones, de los cuales $2.480 millones se habrían desviado a su favor. Tras ordenarse su medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de segunda instancia, la autoridad penitenciaria determinó su remisión desde Antioquia hacia el centro penitenciario boyacense.
Frente a esta situación, la defensa enfatizó que la reclusión en Cómbita dificulta el acceso a las audiencias judiciales programadas en la capital antioqueña y rompe el contacto con su núcleo familiar primario. “El domicilio, el arraigo y la familia del señor Quintero están en Medellín. Su reclusión en Boyacá constituye una forma de instrumentalización política y lo aleja de sus abogados. Su apellido no puede convertirse en razón para un trato más gravoso y abiertamente indigno”, concluyó Alzate, al confiar en que los jueces constitucionales ordenen el retorno del imputado a un penal del departamento de Antioquia.
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