La Fiscalía puso a María Isabel Urrutia en el centro de un proceso penal. La exministra del Deporte fue acusada formalmente por presuntas irregularidades en un convenio de 4.950 millones de pesos.
La acusación le atribuye los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El caso gira alrededor de un sistema tecnológico que buscaba controlar el ingreso de aficionados a los estadios.
La herramienta debía relacionar la cédula con la boleta y verificar los antecedentes de los aficionados para impedir la entrada de personas con restricciones vigentes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Urrutia contrató directamente a Aldesarrollo, pese a que las reglas exigían garantizar la participación de varios oferentes.
La Fiscalía acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en un contrato superior a 4.950 millones de pesos para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol. La acusación incluye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2026
El convenio habría condicionado a Aldesarrollo a subcontratar a una persona particular, cuya participación, según la hipótesis de los investigadores, ya estaría acordada. Además, en la etapa previa no se habrían adelantado estudios de mercado ni procedimientos suficientes para establecer el precio y los costos del proyecto.
La Fiscalía también señaló que la entonces ministra habría pasado por alto advertencias de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte sobre fallas en el trámite. Aun así, el convenio quedó firmado el 30 de diciembre de 2022.
A los cuestionamientos se suman presuntas inconsistencias en documentos oficiales. Según el ente acusador, los estudios previos y el acto administrativo que justificó la contratación habrían incluido información que no correspondía con la realidad.
La acusación abre paso a la etapa de juicio, en la que se examinarán los elementos del caso y la defensa de la exfuncionaria. Por ahora, los cargos no equivalen a una condena ni establecen su responsabilidad penal.
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