Un estremecedor caso de violencia contra una menor de edad salió a la luz en Ibagué, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura y judicialización de una mujer y su compañero sentimental, señalados de someter a una niña a abusos, agresiones físicas y tratos inhumanos durante cerca de una década.
Según las autoridades, los hechos habrían comenzado en 2016, cuando la víctima tenía apenas 8 años y residía junto a su madre y su padrastro en la capital tolimense.
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De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, el hombre habría abusado de manera reiterada contra la menor durante más de 10 años, mientras que la madre, presuntamente, permitió y encubrió las agresiones.
Durante una de las audiencias reveladas por Noticias Caracol, el fiscal José Lozano explicó que el ciclo de violencia inició cuando la niña aún era una menor de edad y se prolongó hasta 2025.
Las autoridades señalaron que la víctima era sometida a condiciones extremas de maltrato. Según el material probatorio, la menor habría sido amarrada con cuerdas, cadenas y candados dentro de la vivienda para impedir que escapara o tuviera contacto con otras personas.
Además, durante la audiencia judicial se conoció que la joven permanecía aislada por días, sin acceso adecuado a alimentos, agua o descanso.
La Fiscalía también indicó que la víctima habría quedado embarazada producto de los abusos y que posteriormente fue obligada a abortar en dos ocasiones sin asistencia médica y bajo presión psicológica.
El caso permaneció oculto durante años hasta que, según versiones preliminares, la joven logró escapar de la vivienda y denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
Con el avance de la investigación, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron un operativo de allanamiento en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué, donde fueron capturados los dos señalados responsables. Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares que ahora hacen parte del proceso investigativo.
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La Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a los detenidos delitos como acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con menores de edad, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.
Aunque los capturados no aceptaron los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión.
El caso ha generado conmoción nacional y reabre el debate sobre la detección temprana de situaciones de violencia intrafamiliar y abuso infantil en el país.
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