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En la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha intensificado una estrategia electoral centrada en su figura, buscando no solo consolidar su legado, sino también asegurar la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico dentro del panorama electoral colombiano de 2026. Según el análisis del profesor Juan Pablo Milanese, de la Universidad Icesi, el mandatario se ha convertido en el centro de la campaña tras detectar la falta de impacto mediático de su potencial sucesor, Iván Cepeda. Esta centralidad de Petro responde a su reconocida habilidad para fijar los ejes de discusión nacional y utilizar acontecimientos relevantes, como el reciente aumento del 23,7% en el salario mínimo, como herramientas para reconfigurar el debate público y fortalecer la percepción de un gobierno orientado hacia la justicia social.
La estrategia del presidente, de acuerdo con Milanese, no solo le permite controlar la conversación política en contextos adversos, como lo fue el debate social tras el asesinato del senador Miguel Uribe, sino también capitalizar medidas de alto contenido simbólico. Asimismo, decisiones como la eliminación de la prima a los congresistas, respaldadas por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, se comunican como actos de justicia que, según se espera, generarán una aprobación inmediata dentro de su base más fiel. Esta forma de liderazgo ha desplazado la crítica opositora y ha obligado a diversos sectores a responder bajo las condiciones discursivas que el mismo Petro establece.
No obstante, Milanese advierte sobre un riesgo inherente a la inmediatez de estos beneficios políticos: los impactos económicos adversos, como el posible incremento en la inflación, podrían pasar desapercibidos durante el ciclo electoral, permitiendo que el Ejecutivo coseche réditos inmediatos sin enfrentar costos visibles. Bajo este esquema, las medidas implementadas durante 2025 podrían preparar el terreno para una eventual candidatura presidencial de Petro en 2030, teniendo en cuenta que la Constitución de Colombia no prohíbe una reelección tras un periodo de ausencia.
Desde esta perspectiva, las acciones del mandatario no se agotan en el presente, sino que buscan cimentar hitos que favorezcan una “recordación positiva” y allanen el camino para un posible regreso. La trayectoria política de Petro, marcada por eslabones estratégicos como su paso por la Alcaldía de Bogotá, retrata un modelo donde cada etapa está diseñada para garantizar influencia a largo plazo.
Por otro lado, el consultor político e internacionalista Álvaro Benedetti sugiere que este protagonismo electoral de Petro también revela las limitaciones de su administración. El gobierno, tras constatar la insuficiencia de mayorías en el Congreso para materializar reformas estructurales, decidió trasladar la disputa al plano simbólico, consolidando un relato en el que el Legislativo se convierte en el principal obstáculo. La campaña continua, entonces, cumple el propósito de cohesionar el núcleo duro del electorado —aproximadamente el 30%—, apostando por la polarización y el fortalecimiento de la identidad de base, más que por la ampliación de apoyos.
Benedetti advierte que, en este contexto, las acciones simbólicas refuerzan la lealtad de los seguidores pero también profundizan la distancia con otros actores políticos. Según su análisis, la orientación gubernamental hacia la narrativa, en detrimento de logros tangibles y consensos, ha originado una pérdida de prestigio institucional y erosión del estatus presidencial.
Como resultado, de cara a 2026, incluso figuras afines podrían intentar tomar distancia de Petro no tanto por diferencias programáticas, sino por conveniencia electoral. En definitiva, la disputa política se ha trasladado del Congreso a la opinión pública, destacando el papel del presidente como principal arquitecto del discurso y el conflicto político en Colombia.
¿Qué significa la “emergencia económica” y cuál es su función en el contexto colombiano?
El término “emergencia económica” alude a una de las denominadas facultades excepcionales que la Constitución colombiana le otorga al Ejecutivo ante circunstancias extraordinarias que alteran gravemente el orden económico o social. En este caso, la declaratoria permite al gobierno expedir decretos con fuerza de ley con el objetivo de enfrentar la crisis, como ha sucedido en anteriores escenarios de grave afectación. Su uso, sin embargo, despierta debates por el riesgo de gobernar al margen del control parlamentario y se percibe muchas veces como un recurso tanto para resolver urgencias como para consolidar legitimidad política ante una coyuntura adversa. ¿Podrá esta herramienta seguir sirviendo como instrumento de impacto simbólico, o la ciudadanía y el Congreso exigirán mayor transparencia y control en su aplicación?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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