Todo empezó el 12 de agosto de 2022, cuando en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Colombia se ausentó para no condenar las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Al final, hubo 27 votos a favor, y Colombia y Nicaragua quedaron como únicos ausentes, escáldalo que fue tomando vuelo con el correr de los días debido a las versiones que iban surgiendo.

El 14 de agosto, Luis Ernesto Vargas, embajador designado del gobierno de Gustavo Petro ante la OEA, salió al paso de los señalamientos trinando que aún no tenía nombramiento oficial, pues indicó que lo estaban culpando de lo sucedido.

Sin embargo, el viceministro Quintana dio detalles luego de que Noticias Caracol radicara un derecho de petición ante su despacho para consultar sobre el tema.

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El viceministro Juan José Quintana respondió el derecho de petición el pasado viernes 26 de agosto de 2022 diciendo que Colombia tenía pleno conocimiento de lo que se iba a votar: “La Misión Permanente de la OEA informó con la debida antelación al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la convocatoria de una sesión del Consejo Permanente el 1 de agosto”.

Luego, aseguró que en la abstención tuvo que ver Álvaro Leyva Durán, canciller de Colombia: “La decisión que se tomó fue debidamente consultada con el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Y apuntó que fue directamente el Gobierno Nacional el que optó por no votar:

“Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del Consejo Permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, consignó.

Justamente, el día en que Colombia se abstuvo se reunieron Gustavo Petro y León Fredy Muñoz, embajador designado por Nicaragua para Colombia, según el mismo enviado por Daniel Ortega lo compartió en Twitter.

Las violaciones a los derechos humanos que fueron condenadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) pasan por la situación de más de 180 presos políticos encarcelados en condiciones inhumanas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la confiscación de más de 1.000 bienes de la sociedad civil; el hostigamiento a la Iglesia Católica; el cierre de 7 emisoras de radio y más medios de comunicación; la detención del obispo Rolando Álvarez; entre otros hechos enumerados por el noticiero.

En video, el informe con las explicaciones del viceministro Quintana:

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