Un año cumple Iris Marín como defensora del pueblo. Es la primera mujer en la historia de Colombia que ocupa ese cargo, al que llegó después de haber sido ternada por el presidente Gustavo Petro, lo que arrojó un oscuro manto de duda sobre la independencia de ella con respecto al mandatario. La oposición temió (y hasta la izquierda celebró) porque se creyó que se trataría de una funcionaria de bolsillo del jefe de Estado. Pero Marín ha honrado la promesa de independencia que hizo cuando se posesionó, el 30 de agosto de 2024, por lo que el Gobierno Nacional le quiere pasar una millonaria cuenta de cobro a la entidad que dirige.
(Le interesa: Gobernadores en pie de lucha: departamentos exigen al gobierno Petro frenar recortes y defender autonomía)
“Mi principal deber hoy es honrar el mandato que la Constitución dio a la Defensoría del Pueblo, [que] debe ser una institución con talante moral y ético, que no pertenezca a ningún sector, a ningún partido, a ningún grupo de poder”, dijo Marín ese día, y un año después ha dado suficientes muestras de que quiere mantener íntegra la magistratura moral que debe caracterizar al ente encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia. Pero eso le está saliendo caro.
Posturas de defensora del pueblo contra Gustavo Petro
Quienes creyeron, ya fueran de una orilla o de otra, que Marín sería solo un agente pasivo más que facilitaría y hasta aplaudiría las políticas y decisiones del presidente Petro se han quedado con un palmo de narices. La defensora del pueblo ha dado constantes muestras de independencia, incluso desde el mismo día de su posesión, cuando criticó que el mandatario calificara como “muñecas de la mafia” a algunas periodistas, en la ceremonia en la que se juramentó. “No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad”, dijo en ese momento.
En noviembre pasado, Marín cuestionó que el Gobierno designara como gestores de paz a 18 antiguos jefes paramilitares. “No son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz en Colombia”, dijo. Incluso, se metió hasta con Armando Benedetti, una de las personas más protegidas del mandatario, cuando rechazó sin rodeos su nombramiento como asesor presidencial. La defensora sostuvo entonces que nombrar en un alto cargo público a quien ha estado envuelto en varios escándalos, incluso de maltrato, alienta una cultura machista y “alimenta las creencias de nuestra sociedad según las cuales se sigue considerando que la violencia contra la mujer es un asunto privado, como si no fuera un asunto de máximo interés público, una de las peores crisis de derechos humanos que debemos enfrentar en Colombia”.
Para ese momento, el país ya estaba convencido de que la defensora del pueblo no era una funcionaria de bolsillo del presidente Petro. Pero, como si fuera poco, Marín también se metió con dos de los proyectos más importantes para el Gobierno Nacional. Primero, alertó en marzo pasado sobre el deterioro del sistema de salud en Colombia, marcado por el desabastecimiento de medicamentos y un aumento significativo en las quejas ciudadanas. “La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, dijo.
Después, en junio pasado, no se guardó nada para comentar el muy criticado ‘tarimazo’ de Medellín, en el que el mandatario compartió escenario, en la plaza de La Alpujarra, con nueve capos de bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí. “Que los responsables de los crímenes más graves, como el homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, uso de niños en actividades criminales, la violencia sexual, entre otras, estén y se vean sumisos ante la ley. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”, advirtió la funcionaria.
Gobierno de Gustavo Petro quiere recortar presupuesto de la Defensoría
Pero semejante osadía no podía quedar sin consecuencias. Y la manera de apretar a la atrevida funcionaria es cerrarle la llave de recursos a la Defensoría del Pueblo. Por eso, el Gobierno le quiere aplicar un fuerte tijeretazo presupuestal a la entidad para castigar la voz firme e independiente de Marín. El martes de esta semana, en la Comisión Primera de la Cámara, se enteraron de que, aun cuando el presupuesto que había presentado el Ministerio de Hacienda para 2026 es de 556 billones de pesos (el más alto de la historia), el monto proyectado para la Defensoría del Pueblo fue reducido por segundo año consecutivo.
Si en el año 2025 la entidad ya enfrentó una reducción del 7 % frente a lo solicitado, para la vigencia del 2026 el recorte que se pretende es del 9,7 % frente a lo solicitado. Así, el déficit rondaría los 130.000 millones de pesos, poniendo en serio riesgo la protección de la población civil en vísperas de una contienda electoral marcada desde ya por un recrudecimiento de la violencia y afectando gravemente el sistema de alertas tempranas, la protección de civiles en medio de los combates de los grupos armados ilegales, la prevención del reclutamiento de menores y la prevención de violencias basadas en género, que, entre otras, incluye el nuevo mandato de alertas tempranas por violencia política contra las mujeres que se logró incluir en la Ley 2453 de 2023, advirtió la representante Kathy Juvinao en Caracol Radio.
Juvinao también llamó la atención sobre el contraste que representa el hecho de que mientras a la Defensoría del Pueblo se le quieren reducir los recursos, la Presidencia de la República recibirá un aumento del 80 % (cerca de medio billón de pesos adicional) y el Ministerio del Interior tendrá un incremento del 30 % (más de 320.000 millones de pesos adicionales). “De esas dos entidades salen multimillonarios contratos de logística que incluyen tarimas, buses y lechona. Es contradictorio que un gobierno que se autoproclama defensor de derechos humanos desfinancie a la entidad encargada de promoverlos y protegerlos”, dijo la congresista en la emisora.
La ONU, preocupada por recorte para la Defensoría del Pueblo
De la grave amenaza contra la Defensoría del Pueblo también se ocupó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que urgió al Gobierno y al Congreso de la República no reducir el presupuesto de la entidad, y, por el contrario, fortalecerla en línea con los Principios de París, que son estándares internacionales sobre el deber ser de las instituciones nacionales de derechos humanos, en este caso, de la Defensoría del Pueblo, y que definen la importancia de su mandato amplio, independiente, pluralista, cooperativo, con acceso a la información e informes periódicos y con recursos suficientes y autonomía financiera.
“Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, citado en un comunicado. “Recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas, sobre todo de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones de sus derechos humanos”.
Campbell llamó al Gobierno del presidente Petro y al Congreso a fortalecer el presupuesto de la Defensoría del Pueblo “para hacer su mandato de prevención, protección y promoción más fuerte y eficaz el trabajo”. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó también que la Defensoría del Pueblo tiene la función de defender, proteger y promover los derechos humanos, en un momento crucial de aumento de las afectaciones de los derechos de las comunidades más vulnerables, provocado por la expansión de los grupos armados no estatales y por la falta de presencia permanente del Estado en diferentes zonas del país.
Es decir que en un momento en el que los indefensos en Colombia se hacen cada vez más vulnerables por cuenta del desorden público que no ha podido (o no ha querido) restablecer el Gobierno, la entidad que ve por ellos se puede quedar sin recursos. Todo porque la defensora del pueblo está ejerciendo la magistratura moral que se le exige y que le encargó la Constitución del 91, para que la entidad que dirige, como dijo cuando se posesionó, “no pertenezca a ningún sector, a ningún partido, a ningún grupo de poder”.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
