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Escrito por:  Fredy Moreno
Editor jefe     Jun 24, 2025 - 9:25 am

En la historia reciente de Colombia no se recuerda una escena en la que el presidente de la República, quien ejerce la primera magistratura del país, la jefatura del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas, compartiera siquiera por casualidad un espacio con jefes de bandas del crimen común y organizado. Hay antecedentes de reuniones entre mandatarios y cabecillas de guerrillas en busca de la paz con esas organizaciones cuyo propósito era tomarse el poder por vía de las armas. Pero que un presidente, en este caso, Gustavo Petro, compartiera con delincuentes y narcotraficantes sacados expresamente de la cárcel para que lo acompañaran en un acto político, resulta sencillamente inédito, perturbador.

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Así lo está manifestando Colombia que, aun este lunes, tres días después del hecho, no se sobrepone del estupor que le produjo ver al mandatario acompañado de los capos alias ‘Tom’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Pesebre’, ‘el Tigre’, ‘el Indio’, ‘el Saya’, ‘Albert’ y ‘Juan 23’. Se sabía que el Gobierno avanza en un proceso de paz urbana con las bandas criminales, pero no se esperaba ver ese conjunto subido en la tarima de la plaza de La Alpujarra. La Alcaldía de Medellín sabía del evento, pero desconocía que los delincuentes fueran a ser liberados para permitirles, incluso, amenazar las principales autoridades de la región, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Restrepo.

Las reacciones se produjeron de inmediato. Vienen teniendo origen en diferentes sectores y con distintos calibres. Se han pronunciado desde los contradictores del presidente Petro, pasando por los precandidatos a la presidencia (que encuentran otra oportunidad para mostrarse y descalificar al mandatario), hasta sesudos analistas independientes. Todos, sin embargo, pese a ser de diferentes tendencias, coinciden en que lo que hizo el jefe de Estado es una prueba más de que el miedo en que vivía el país hace 30 años volvió, pero esta vez promovido desde el mismo poder. Ven, además, cómo se materializa el denominado ‘Pacto de La Picota’, gracias al cual, dicen, Petro ganó la presidencia.

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En ese sentido, temen que el presidente Petro esté ejecutando una agenda en la que ideas como sacar adelante, a toda costa, una asamblea nacional constituyente estén estrechamente ligadas a los compromisos que pudo haber adquirido con los jefes delincuenciales. Es decir que estaría avanzando en la implantación de su modelo de país, pero tomando un atajo, actuando por fuera del marco institucional, una tendencia que se le ha señalado prácticamente desde que comenzó su mandato.

Quienes vienen reaccionado contra el encuentro del jefe de Estado con los cabecillas delincuenciales también se muestran preocupados por lo que puedan estar sintiendo los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y hasta los jueces, al ver cómo los malhechores que capturaron (incluso con el costo de vidas de integrantes de la fuerza pública), pusieron tras las rejas y condenaron, ahora son tratados de tú a tú por la principal autoridad administrativa del país.

Defensora del pueblo critica reunión de Gustavo Petro con criminales

En medio de este verdadero tsunami de reacciones también está la de Iris Marín, defensora del pueblo, que, de una manera ponderada, llama la atención del mandatario. Para ella, cuyas posturas con respecto a diferentes temas han consolidado su independencia y magistratura moral, la paz urbana es un camino positivo y necesario, pues la criminalidad organizada causa tanto daño como la del conflicto armado y debe atenderse, inclusive a través de diálogos de paz.

Pero advierte que la construcción de paz debe basarse en la reafirmación del Estado de Derecho. Asegura que los responsables de los crímenes más graves como homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, uso de menores en actividades criminales, la violencia sexual, entre otros, deben estar y se deben ver “sumisos ante la ley”. En referencia a lo que pasó en La Alpujarra, aseguró también en X: “Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas dando y diciendo la verdad”.

“Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral no hay paz que sea posible; se confunde lo admisible con lo inadmisible”, agregó la defensora del pueblo en la misma red social. “La construcción de paz debe sustentarse en el Estado de Derecho. Los responsables de crímenes graves no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella”, insistió.

También manifestó su preocupación y desaliento por “la falta de coordinación” del Gobierno Nacional y el de la capital antioqueña. Pero más que eso, Marín advierte rivalidad. “Medellín no debería ser escenario de disputa política entre los mandatarios. La obligación del presidente y del alcalde es la de articulación en el marco de sus competencias constitucionales para poner fin a la violencia y conseguir la paz de la ciudad. La paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral. Cualquier mensaje que haga pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos puede hacerle daño a la ciudad”.

Salvo los partidarios del presidente Petro que ven con buenos ojos la reunión del mandatario con los jefes criminales, al país le viene quedando claro que, si bien el jefe de Estrado puede tener razón en lo que plantea, y puede estar actuando con base en buenas intenciones, le falta algo definitivo: método y tacto. También están, claro, los que suspicaces que ven ese tipo de actitudes a un jefe político retador, obstinado e inflexible que persigue objetivos que no todo el mundo tiene claros.

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