Tras la captura en la vereda Santa Ana —zona rural ubicada entre los municipios de Briceño e Ituango— de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, cabecilla de la subestructura 5 del grupo armado residual facción ‘Calarcá’, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos evaluar una eventual petición de extradición en su contra. “Se le borró la sonrisa” expresó el mandatario departamental al referirse a la detención del criminal, destacando la labor de inteligencia coordinada entre el Gaula Militar de la Séptima División del Ejército, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional.
La captura del sujeto, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos y que cuenta con una trayectoria delictiva de nueve años, abre paso a profundas investigaciones judiciales. Entre los hechos más graves que indagan las autoridades se encuentra su presunta responsabilidad como uno de los determinadores en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk de la Policía ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, atentado perpetrado con un cilindro bomba que cobró la vida de 13 uniformados. Asimismo, el expediente de la Fiscalía lo vincula formalmente como presunto coautor en el homicidio del periodista y director del medio digital El Confidente, Mateo Pérez Rueda, asesinado en mayo de 2026 tras ser interceptado, torturado e interrogado en una escuela rural de Briceño al ser señalado falsamente de informar al Ejército.
El operativo y la captura se producen en medio de una compleja crisis de orden público en Briceño, marcada por la disputa territorial entre las disidencias del frente 36 —adscritas al Bloque Magdalena Medio bajo el mando de alias ‘Calarcá’—, el ‘clan del Golfo’ y el frente 18, fracturado a su vez por disidencias del autodenominado Estado Mayor Central y el grupo ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’. Informes de la Defensoría del Pueblo han documentado la gravedad de esta confrontación, reflejada en el desplazamiento masivo de más de un millar de familias a finales de 2025, la imposición de toques de queda, amenazas constantes a docentes y la instalación de campos minados que ponen en riesgo a la población civil.
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