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La Cámara de Representantes y el Senado dieron luz verde al proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno, el cual propone un nuevo marco jurídico que facilita la sujeción de integrantes de organizaciones criminales a la justicia a cambio de beneficios en materia penal. Según información de 90 Minutos, esa aprobación se produce tras un proceso legislativo que comenzó el 13 de octubre y culminó el 3 de noviembre, enmarcado por la premura de aprobar la medida antes de que expirara la Ley de Orden Público de 1997, base fundamental de las políticas estatales de acercamiento y sometimiento con grupos armados.
De acuerdo con 90 Minutos, el texto fue presentado por los entonces ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, y su discusión en el Congreso duró 22 días. Para agilizar el trámite, se optó por discutirlo simultáneamente en ambas cámaras, una estrategia que ya había ocasionado dificultades con el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027. Ahora, el proyecto está a la espera de la sanción presidencial.
La nueva ley abandona el modelo de negociación política característico de la paz total del Gobierno anterior y se enfoca estrictamente en el sometimiento jurídico de los grupos ilegales. Las organizaciones interesadas deberán entregar la totalidad de sus bienes, sin oportunidad de conservar patrimonio como parte del proceso. Además, la ley fija un máximo de 6 años para obtener libertad condicional y reduce la vigencia del nuevo marco jurídico de 10 a 4 años. Entre los beneficios, se contemplan rebajas de hasta el 50 % de la condena, o hasta el 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de liderazgo, siempre que aporten información y contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras, según precisó Iván Cancino.
Sin embargo, el articulado endurece las condiciones: no se concederán beneficios a responsables de reclutar menores ni a extraditables. Asimismo, se suprimió la posibilidad de asignar gastos reservados por seguridad pública a través del Ministerio del Interior. Miembros de la oposición, como Gabriel Becerra, expresaron reparos sobre el procedimiento y acusaron presuntas irregularidades, mientras que representantes como María Fernanda Carrascal advirtieron sobre riesgos de discrecionalidad en la definición de terrorismo, al señalar la facultad presidencial en este aspecto. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, recalcó que la ley fortalece la supremacía del Estado sobre la criminalidad y destacó que no se suspenden órdenes de captura ni extradición.
La ley queda lista para su sanción presidencial y su eventual implementación regulará las condiciones y límites del sometimiento judicial para grupos criminales, dejando atrás la negociación política e introduciendo un enfoque penal más estricto.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué beneficios contempla la ley de sometimiento aprobada por el Congreso?
De acuerdo con la información de 90 Minutos, la ley ofrece reducciones de hasta el 50 % de las penas para quienes se sometan a la justicia y colaboren con información relevante que facilite el desmantelamiento de las organizaciones criminales. En el caso de los líderes o quienes hayan tenido cargos de dirección, el beneficio máximo es del 30 %. Además, el acceso a libertad condicional se limita a un máximo de 6 años, siempre bajo estrictos requisitos de entrega de bienes e información.
¿Por qué sectores de la oposición rechazan la ley de sometimiento?
Sectores de la oposición, como Gabriel Becerra y María Fernanda Carrascal, manifestaron que el trámite fue demasiado apresurado, lo cual podría representar vicios de procedimiento. También criticaron que la ley otorga al presidente la facultad de definir qué organizaciones son terroristas, cuestionando los criterios y límites para esta clasificación y advirtiendo sobre su posible uso discrecional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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