
La Fiscalía General de la Nación de Colombia, este miércoles 14 de agosto de 2025, informó sobre el inicio de una investigación formal contra el excanciller Álvaro Leyva, quien es acusado de menoscabo a la integridad nacional.
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El exfuncionario enfrenta una serie de acusaciones provenientes del actual presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según las denuncias presentadas por Petro y Quintero, Leyva habría estado conspirando con grupos criminales con el objetivo de desestabilizar al Gobierno Nacional.
Los señalamientos se tornan más delicados tras la divulgación de audios en los cuales se presume que el exministro de Relaciones Exteriores manifiesta sus intenciones de derrocar a Petro, con la posible colaboración de organizaciones ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, de acuerdo con las grabaciones difundidas por El País, de España.




Acusaciones de Gustavo Petro a Álvaro Leyva
El presidente Petro interpuso una denuncia penal el pasado 2 de julio, a través de su abogado, Alejandro Carranza , en la cual imputa a Leyva delitos de conspiración, instigación a delinquir, calumnia e injuria, según recogió Caracol Radio.
“Esto es parte de una conspiración blanda del excanciller, porque en el derecho se ha establecido que el discurso político puede llevar a que se rompa el hilo constitucional y se cometan conductas punibles. Esto se fue orquestando con unas cartas, se habla de ellas, pero no se denuncia. Lo único que se quería era una base para generar la crisis de hoy”, indicó Carranza, según la emisora.
Petro señaló un posible vínculo del plan de Leyva con magnicidio de Miguel Uribe
La magnitud de la denuncia se intensifica al sugerir una posible conexión entre Leyva y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, provocando un ambiente de estupor e incertidumbre en el panorama político nacional.
Además de estas graves acusaciones, la denuncia de Petro y Quintero incluye afirmaciones sobre una posible narrativa política construida por Leyva para desacreditar al actual gobierno.
Ahora, con la investigación en curso, la responsabilidad recae sobre la Fiscalía, entidad que iniciará el proceso de verificación y recolección de pruebas, lo que determinará si existe un fundamento suficiente para llevar a Leyva ante la corte. Para adelantar esta labor, el caso ha sido asignado a un fiscal especializado en delitos de corrupción.
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