La tormenta política y judicial alrededor del gigantesco escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo y tenso capítulo. Salió a la luz una reveladora carta firmada por la fiscal María Cristina Patiño González en la que la entidad judicial exigía formalmente que ni Olmedo López ni Sneyder Pinilla fueran trasladados de sus centros de reclusión militar hacia cárceles ordinarias, advirtiendo sobre un riesgo inminente contra sus vidas.
La misiva, fechada el pasado 16 de septiembre de 2026 y dirigida al teniente coronel Raúl Llano —director de Centros de Reclusión Militar (DICER)—, fue revelada públicamente por el periodista Melquisedec Torres. En el documento, la Fiscalía dejó por sentado que ambos exfuncionarios fungen como testigos clave de cargo dentro de las investigaciones estructuradas por el ente acusador, recordando que sus principios de oportunidad ya se encuentran legalizados y prorrogados (agosto de 2025 y 2026 respectivamente). La advertencia institucional subrayaba que modificar su lugar de reclusión vulneraba determinaciones previas emitidas por un juez constitucional y desatendía los estudios de seguridad que avalaban su permanencia en guarniciones castrenses.
Pese al llamado de alerta del búnker, la decisión estatal avanzó en otra dirección. El pasado 6 de octubre, por orden directa del presidente Abelardo De la Espriella y del Inpec, los dos exdirectivos fueron reubicados en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, un movimiento que desató inmediatas reacciones de inconformidad por parte de sus defensas jurídicas. Gustavo Moreno, abogado defensor de Olmedo López, rechazó categóricamente que el reclamo obedezca a una exigencia de “privilegios”, catalogando la medida de seguridad como una necesidad vital y no como una ventaja injustificada.
En declaraciones concedidas a Noticias Caracol, el jurista encendió las alarmas al recordar antecedentes oscuros del sistema penitenciario colombiano, como el asesinato en enero de 2025 de un testigo clave vinculado al caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Moreno enfatizó que el sistema carcelario nacional padece graves focos de corrupción al interior del Inpec y registra tasas alarmantes de fugas, condiciones que exponen a los colaboradores de la justicia a peligros mortales insostenibles.
“La Fiscalía había manifestado, bajo un estudio de seguridad, que acá se presentaba este riesgo”, recordó el abogado, insistiendo en que el traslado ignoró flagrantemente las valoraciones de riesgo realizadas por los jueces de control de garantías y pone en entredicho la protección efectiva de quienes se han comprometido a destapar la red de corrupción que salpica a más de veinte altos funcionarios del Estado.
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