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La intimidación contra población civil campesina de la que son acusados soldados del Ejército Nacional en el municipio de Tierralta, Córdoba, abrió un nuevo frente de discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.
Tras conocerse los hechos, el Comando de la Comisión Séptima del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que los uniformados involucrados en estos actos son soldados que hacen parte del Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’.
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Los militares, que pertenecerían a la Decimoprimera Brigada del Ejército Nacional, son acusados de intimidar en la vereda Bocas del Manso, de Tierralta, Córdoba, a varios campesinos, entre los que se encontraban mujeres y niños, fueron intimidados.
Lo que dijo Petro sobre la situación en Tierralta y la respuesta del fiscal Barbosa
Sobre esta situación, el presidente Gustavo Petro dijo que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública”.
(Vea también: Petro le cae al Ejército por militares disfrazados de disidentes; los comparó con ‘paras’)
“Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
Pero la parte que ocasionó la reacción del jefe del ente acusador fue cuando Petro señaló que es “el mismo Ejército el que debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”.
El fiscal Francisco Barbosa le contestó a Petro que “las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”.
“No le corresponde al ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo”, sentenció.
Barbosa concluyó enviando un mensaje que concuerda con el reproche que también le hizo al Ejército por inseguridad de funcionarios que investigarían la situación en Córdoba: “No vamos a permitir tampoco que la jurisdicción penal militar se entrometa con una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en este país”.
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