El presidente de Keralty, Joseba Grajales, destacó en la misiva que el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas, constituye un punto de inflexión para el sistema de salud en Colombia.
Según afirmó, la medida restituye derechos vulnerados y evidencia el carácter arbitrario de una intervención que calificó de injusta y producto de una persecución institucional.
Grajales señaló que durante los 17 meses de intervención se generaron graves afectaciones: pacientes sin atención, escasez de medicamentos, redes colapsadas y un deterioro profundo del sistema.
Keralty exigió el cumplimiento inmediato e integral del fallo, considerándolo un imperativo legal y moral.
Asimismo, solicitó al Gobierno reparación a la red de atención, al personal médico y a los millones de usuarios afectados, así como el pago de deudas pendientes a las EPS para garantizar la estabilidad financiera.
La empresa también pidió frenar la desinformación y establecer garantías para que hechos similares no se repitan.
Grajales recalcó que no buscan venganza, sino justicia, y que quienes promovieron o respaldaron la intervención deben rendir cuentas.
Finalmente, aseguró que inicia una etapa de reconstrucción de Sanitas, con el compromiso de trabajar junto a usuarios y trabajadores para restablecer los servicios y recuperar la confianza, en defensa de un sistema de salud digno, justo y humano.
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