El Gobierno de Gustavo Petro devolvió la EPS Sanitas a sus dueños después de casi 15 meses de intervención de la Superintendencia de Salud. Esto, tras una orden emitida hace dos meses por la Corte Constitucional luego de considerar irregular el proceso.
Sanitas, con más de 5,8 millones de afiliados en Colombia, fue uno de los principales antagonistas del Gobierno en su intención de reformar el sistema de salud, pues el presidente había acusado a sus directivos de graves faltas y de obstaculizar los cambios.
Sin embargo, tras la intervención, la entidad quedó en peores condiciones financieras y operativas. El acta de la entrega, revelada por Semana, demuestra muchas inconsistencias.
Esa acta, de 38 páginas, registró reuniones de tres días en las que participaron interventores, funcionarios de la Superintendencia, directivos de Sanitas, la Contraloría y la Auditoría.
En el documento se reconoció que la EPS incumple con el capital mínimo, el patrimonio técnico y las reservas exigidas, además de tener deudas significativas con prestadores de servicios.
Aunque se mencionaron pagos y conciliaciones realizadas, no se entregó un informe financiero detallado en el momento del empalme, agregó ese medio.
La Contraloría advirtió que las EPS intervenidas acumulan deudas por 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones corresponden a Sanitas y Nueva EPS. Finalmente, Keralty retomó el control de la entidad, aunque persisten dudas sobre las consecuencias de la gestión estatal y el futuro de la EPS.
Por qué hay crisis de las EPS en Colombia
La crisis de las EPS en Colombia tiene múltiples causas que se han acumulado durante años y que hoy ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
Una de las principales razones es el desbalance financiero: las EPS reciben recursos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero estos resultan insuficientes frente al alto costo de los tratamientos, el aumento de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población.
A esto se suma el retraso del Estado en girar recursos y la complejidad en los mecanismos de recobro, lo que genera deudas millonarias con clínicas y hospitales.
Otro factor es la mala gestión administrativa de varias EPS, algunas con problemas de corrupción, desvío de recursos y deficiencias en control interno. Esto ha derivado en la quiebra o intervención de numerosas entidades que no cumplen con los requisitos de capital mínimo ni con las reservas técnicas necesarias.
Además, las medidas de intervención del Gobierno, en lugar de mejorar, han agravado en muchos casos la situación, aumentando las deudas y la desconfianza en el sistema.
En síntesis, la crisis responde a un modelo financiero desajustado, fallas en la supervisión estatal y problemas de gobernanza que afectan directamente la atención a millones de usuarios.
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