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Durante una reciente reunión organizada por la Veeduría en Salud de Salamina, Caldas, se puso de manifiesto la gravedad de la crisis que afecta al sistema de salud local, focalizando las inquietudes en torno a la Nueva EPS, una de las principales Entidades Promotoras de Salud en Colombia. Al encuentro asistieron usuarios y representantes de la comunidad, quienes subrayaron graves deficiencias en la calidad del servicio, la falta de claridad respecto a la apertura de nuevas instalaciones, y la interrupción prolongada en la entrega de medicamentos esenciales. Estas señales constituyen un reflejo preocupante del deterioro sostenido en la prestación de servicios de salud pública a los habitantes de la región, según datos y testimonios recogidos en el artículo original.
Uno de los temas que generó mayor desconcierto fue el anuncio no oficial acerca de la apertura de una nueva farmacia, Marcaszsalud, vinculada a la Nueva EPS. Esta decisión, ausente de todo pronunciamiento institucional, provocó cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de la comunicación hacia los usuarios. En palabras de Luis Gerardo Arango Quiceno, presidente de la Veeduría, la comunidad permanece en la incertidumbre, dado el cierre previo de servicios en clínicas de Manizales y la sensación de una crisis no resuelta en la administración local de salud. Su testimonio sintetiza la inquietud social ante lo que perciben como una gestión ineficaz de parte de las autoridades sanitarias.
La distribución de medicamentos se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar y desconfianza. El vicepresidente de la veeduría, Carlos Emilio Cardona, explicó que tras la suspensión del servicio por parte de Audifarma en febrero, los usuarios han enfrentado lapsos de hasta dos meses sin acceso a tratamientos indispensables. Esta carencia se suma a las dificultades para gestionar remisiones especializadas a Manizales, fundamental para pacientes que requieren atención compleja. Según Jorge Hernán Orozco, representante ante la Veeduría, las promesas incumplidas sobre la llegada de medicamentos generan un ambiente de engaño y frustración entre los afectados.
No se trata de una problemática exclusiva de Salamina; la Superintendencia Nacional de Salud, en su informe de 2024, documentó la intervención administrativa de la Nueva EPS en varias regiones del país debido a múltiples quejas por demoras y falta de recursos. Tal diagnóstico apunta a una crisis estructural en el modelo de aseguramiento en salud vigente en Colombia, que exige una reforma de fondo y mecanismos de control más sólidos.
Frente a este escenario, la Veeduría en Salud ha decidido tomar acción promoviendo mecanismos legales y comunitarios para defender el derecho fundamental a la salud. La propuesta incluye una acción popular y una “tutelatón”, movilizando a la ciudadanía y exigiendo respuestas tanto de autoridades locales como organismos nacionales de control, como lo sostiene la información original.
El impacto sobre la población trasciende el acceso a servicios médicos. Un estudio de la Universidad de los Andes revela que la desconfianza y la sensación de desprotección deterioran la salud mental y la calidad de vida, generando ansiedad entre quienes dependen del sistema. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de aumentar los casos de enfermedad y muerte en contextos de crisis sanitaria prolongada y desarticulada.
Cabe mencionar la experiencia de Medellín, ciudad que ha logrado enfrentar crisis similares mediante un modelo de salud integrado y monitoreo ciudadano constante, con resultados alentadores en la prestación de servicios y distribución de medicamentos, según información suministrada por la Alcaldía de Medellín. Este tipo de iniciativas podría ser un referente para enfrentar el reto en Salamina, priorizando la transparencia, el compromiso de las partes involucradas y el fortalecimiento de la participación social.
¿Qué significa una “tutelatón” y cómo puede ayudar a la comunidad?
El término “tutelatón” alude a una estrategia colectiva en la cual un grupo de personas presenta simultáneamente acciones de tutela, un mecanismo de protección de derechos fundamentales garantizado por la constitución colombiana. Esta acción suele emplearse cuando las vías administrativas convencionales han resultado insuficientes. Organizar una tutelatón tiene el objetivo de visibilizar problemáticas estructurales y ejercer presión sobre entidades responsables, forzando respuestas y soluciones inmediatas que protejan el acceso efectivo a la salud.
En el contexto de Salamina, la Veeduría convoca a la comunidad a sumar sus casos para evidenciar la extensión del problema y contribuir a que los jueces ordenen la entrega oportuna de medicamentos y la atención adecuada. De acuerdo con la experiencia consignada en el artículo, esta figura fortalece la vigilancia social y ofrece una herramienta legal concreta de exigibilidad a favor de los usuarios del sistema.
¿Cómo afecta la percepción de desatención de las EPS en la salud mental de los usuarios?
Diversos estudios, como el desarrollado por la Universidad de los Andes, evidencian que la desconfianza y la percepción de abandono por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) generan altos niveles de estrés, ansiedad y sensación de inseguridad. Estos sentimientos afectan la estabilidad emocional y la calidad de vida de quienes requieren atención constante o acceso regular a tratamientos médicos.
En consecuencia, la insatisfacción con los servicios de salud no solo repercute en la salud física, sino también en la salud mental de los usuarios, exacerbando problemas existentes y dificultando la recuperación integral. La OMS señala que la continuidad y confiabilidad en la atención sanitaria son esenciales para mantener una población estable y protegida emocionalmente, especialmente en contextos de crisis.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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