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A un año desde la puesta en marcha de la transferencia monetaria directa para personas con discapacidad en Bogotá, la Secretaría de Integración Social ha informado que se han realizado más de 207.000 transferencias, sumando cerca de 38.360 millones de pesos. Este esfuerzo marca un giro radical respecto al modelo anterior, que consistía en entregar bonos canjeables por alimentos, y evidencia un avance significativo en la manera en que la ciudad asiste a una población históricamente marginada. La actualización del monto a 190.000 pesos —después de permanecer inalterado durante seis años— y el compromiso de ajustarlo periódicamente de acuerdo con la inflación refuerzan la solidez de la política, con el objetivo de mantener su utilidad real e impacto en la vida de los beneficiarios.
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, ha resaltado la importancia de haber incorporado a más de 8.000 personas que estaban en listas de espera por más de una década, lo que constituye un paso relevante en la ampliación de la cobertura y en la atención del rezago histórico en el acceso a apoyos. Este avance responde tanto a una deuda social como a la necesidad de responder a los estándares contemporáneos de dignidad e inclusión, sumando a Bogotá a la tendencia regional hacia políticas públicas centradas en la autonomía y los derechos de la población con discapacidad.
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las transferencias monetarias directas, acompañadas de estrategias de educación financiera, pueden contribuir de manera significativa a la reducción de la pobreza multidimensional y profundizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Así mismo, el Observatorio de Inclusión Financiera en América Latina respalda el uso de plataformas digitales para el pago de los subsidios, recomendando la apertura y uso de cuentas activas como herramienta para cerrar brechas y fomentar la autonomía. En línea con estas sugerencias, Bogotá ha impulsado la bancarización y el acceso digital de sus beneficiarios, buscando fortalecer su participación en el sistema financiero y los beneficios asociados.
El estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima que un 7.1 % de la población colombiana convive con alguna forma de discapacidad, y enfrenta complejos desafíos económicos y sociales. La capital, que ya se posiciona como referente al adoptar transferencias directas con enfoque inclusivo, puede establecer lineamientos que inspiren transformaciones en la política pública nacional y en la región, mostrando la efectividad de los sistemas centrados en acceso, digitalización y precisión en la entrega de apoyos.
La estrategia “Mejores Transferencias, Más Bien-Estar” es, además, una apuesta por la modernización de los subsidios, estructurada en la recopilación y análisis de datos para atender a quienes realmente necesitan apoyo, superando obstáculos burocráticos y tradicionales. Para la investigadora Claudia Mesa de la Universidad de los Andes, la digitalización del sistema facilita una mejor focalización, lo que se traduce en un mayor bienestar y justicia social para quienes han permanecido al margen durante años.
El reto a futuro es relevante: Bogotá planea alcanzar 24.000 apoyos mensuales en 2026, lo que exigirá ajustes constantes y monitoreo de la eficacia y sostenibilidad de estos programas. Asimismo, la transformación de los subsidios supone una oportunidad para promover, más allá de la asistencia económica, un nuevo reconocimiento y respeto social hacia las personas con discapacidad, situando el bienestar colectivo en el centro de la agenda pública.
¿Por qué se considera importante la transferencia monetaria directa en lugar del bono alimentario para personas con discapacidad?
La transición del bono alimentario tradicional a una transferencia monetaria directa se fundamenta en la búsqueda de mayor autonomía y dignidad para la población beneficiaria. El modelo anterior limitaba la capacidad de elección y adquisición de los productos realmente requeridos por cada persona, mientras que el actual les permite decidir cómo utilizar el recurso según sus necesidades particulares. Esta lógica responde a las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destacan la importancia de entregar apoyos que promuevan la libertad y la inclusión financiera. De este modo, Bogotá se alinea con tendencias regionales que fortalecen la equidad y la protección de derechos.
Adicionalmente, la transferencia en efectivo facilita la bancarización y el acceso de las personas con discapacidad a servicios digitales, lo que contribuye a cerrar las brechas históricas de acceso y exclusión. Esto no solo mejora la efectividad de la ayuda, sino que sitúa a los beneficiarios en una posición más favorable dentro del tejido social y económico, favoreciendo su participación plena y el ejercicio de su autonomía.
¿Qué significa pobreza multidimensional y cómo afecta a las personas con discapacidad?
El concepto de pobreza multidimensional, utilizado por el DANE y organismos como el BID, se refiere a una situación en la que las personas enfrentan múltiples carencias al mismo tiempo, que van más allá de la falta de ingresos y abarcan áreas como la educación, la salud, la vivienda y el acceso a servicios básicos. Para quienes viven con discapacidad, este enfoque es clave ya que suelen experimentar dificultades acumuladas en varios frentes, agravando su vulnerabilidad económica.
Analizar la pobreza desde esta perspectiva permite desarrollar políticas públicas más integrales y precisas, enfocando los esfuerzos en intervenciones que atiendan las diversas dimensiones que obstaculizan el bienestar. En el caso de Bogotá, esta mirada ha orientado el diseño y la mejora de los mecanismos de apoyo directo, procurando garantizar no solo seguridad alimentaria, sino también inclusión social y económica efectiva para las personas con discapacidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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