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La detención preventiva de Julián Alberto Díaz Villada, conocido como alias Pitbull, y de Neider Camilo Aguirre Cano por su presunta participación en extorsiones orquestadas desde la cárcel El Pedregal en Medellín, revela la intrincada operación de redes criminales que logran mantener su actividad tras las rejas. Según la Fiscalía General de la Nación, el caso comenzó en enero, cuando una persona residente en Marinilla fue contactada a través de un falso perfil femenino en redes sociales. A partir de ese momento, la víctima recibió llamadas amenazantes que invocaban una supuesta relación con la pareja sentimental de un líder criminal. Las intimidaciones incluyeron exigencias de hasta dos millones de pesos bajo amenaza de daño físico, logrando que la persona extorsionada entregara una suma considerable, que posteriormente fue rastreada hasta cuentas bancarias vinculadas a los detenidos, quienes operaban desde dentro del penal.
Esta situación ilustra la modalidad de “extorsión carcelaria”, consistente en la utilización ilícita de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios, a pesar de su prohibición expresa. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía pudo comprobar que las llamadas provenían del interior de El Pedregal, donde alias Pitbull cumple condena por secuestro extorsivo y Aguirre Cano por porte ilegal de armas. Esta operatividad evidencia la fragilidad de los controles en los centros carcelarios para impedir la entrada y uso de teléfonos celulares, a la vez que señala la adaptación constante de estructuras criminales para sortear dichas restricciones.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), durante 2023 se decomisaron más de 4.500 celulares en las cárceles colombianas. Además, más del 60% de los internos se encuentra relacionado con actividades ilícitas dirigidas desde el propio sistema penitenciario, hecho que subraya la magnitud de la problemática. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advierte que las prisiones del país se han transformado en escenarios estratégicos para la toma de decisiones de grupos ilegales, posibilitando la persistencia de delitos como la extorsión, el narcotráfico y el reclutamiento forzado.
Las autoridades y analistas, según El Espectador, recalcan la urgencia de una respuesta integral frente a este fenómeno, combinando herramientas tecnológicas como bloqueadores de señal y monitoreo digital, con reformas institucionales y la creación de redes de apoyo comunitario para víctimas en zonas vulnerables. De este modo, se busca neutralizar el accionar de las redes criminales y fortalecer la seguridad en territorios afectados.
La reciente imputación de cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, que los acusados no aceptaron, subraya los retos que enfrenta el sistema judicial para erradicar estas prácticas y proteger a los ciudadanos. La Fiscalía, por su parte, orienta la investigación hacia la relación entre la penetración tecnológica en los penales y el aumento de la violencia y delitos asociados fuera de los muros, con el objetivo de plantear políticas públicas que refuercen el control y la reinserción.
Este fenómeno, reportado también en otros países latinoamericanos según la BBC Mundo, plantea desafíos no solo locales sino regionales, ampliando el debate sobre el control penitenciario eficiente y la urgencia de innovar en el manejo institucional, tecnológico y social de la criminalidad carcelaria. La extorsión desde las cárceles obliga a repensar estrategias, fortalecer la transparencia y la capacidad de respuesta estatal, así como garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y protección efectiva.
¿Qué es la extorsión carcelaria?
La extorsión carcelaria es una modalidad delincuencial en la que personas privadas de la libertad realizan amenazas y exigencias económicas desde el interior de un centro penitenciario. Generalmente, utilizan teléfonos móviles prohibidos y perfiles falsos en redes sociales para contactar a las víctimas, quienes suelen ser ciudadanos comunes o familiares de otros internos. Esta modalidad se ha vuelto más sofisticada y frecuente ante la dificultad de controlar el ingreso de tecnología a las cárceles, como evidencian informes de la Fiscalía y el INPEC, lo que genera preocupación en términos de seguridad pública y justicia.
¿Por qué es difícil evitar el uso de celulares en las cárceles?
El control de celulares en los establecimientos penitenciarios colombianos se ha mostrado ineficaz, pese a los esfuerzos de decomiso y vigilancia. La magnitud del problema radica tanto en la corrupción interna como en la capacidad de las redes criminales para penetrar los controles con dispositivos y tecnología. Según cifras del INPEC, el alto número de celulares incautados y la persistencia de delitos como la extorsión, advierten sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos de inspección, implementar tecnologías de bloqueo de señal y reforzar la vigilancia interna, así como diseñar políticas que disuadan la complicidad de funcionarios y reduzcan los incentivos para la corrupción.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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