En la madrugada del 6 de febrero de 2026, uno de los accidentes mineros más trágicos en la historia de Colombia dejó a seis mineros atrapados en una mina de carbón en la zona rural del municipio de Guachetá, en el norte del departamento de Cundinamarca. La búsqueda de los mineros ha obligado a la movilización de más de 60 personas entre las que se cuentan a miembros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y otros organismos de respuesta.
La situación es difícil y peligrosa: “Los trabajos de rescate se realizan a más de 170 metros de profundidad, el aire es casi irrespirable y la mina está llena de gases explosivos que pueden causar una nueva explosión en cualquier momento”, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en entrevista con Mañanas Blu.
Al mismo tiempo que los rescatistas intentan desesperadamente llegar a los mineros, buscan establecer un sistema de ventilación para introducir aire y estabilizar la atmósfera interna de la mina. Rey comentó que a pesar de las dificultades de la situación, “no hay que perder la esperanza. Los milagros existen y esperamos que este sea uno de ellos.”
Esta tragedia pone el foco nuevamente en la problemática de la minería ilegal en Colombia. Según el Gobernador Rey, la mina no contaba con autorización vigente y presuntamente tenía órdenes de cierre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la ANM.
La minería ilegal y la informalidad son dos de los principales riesgos para los trabajadores mineros en Colombia. El incumplimiento de los requisitos legales y las normas de seguridad puede derivar en condiciones de trabajo de alto riesgo, como se evidencia en este trágico accidente. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades para erradicar estas prácticas no parecen ser suficientes.
“Estos accidentes se repiten con frecuencia. Las alcaldías ejecutan cierres, informan a la Fiscalía y la CAR, pero no pueden vigilar permanentemente. Muchos mineros artesanales rompen los sellos y reanudan sus actividades”, lamentó Rey.
Este accidente ocurre en una región donde predominan las pequeñas explotaciones informales de carbón, lejos de órganos de control y supervisión, facto que contribuye a la persistencia de prácticas peligrosas y al aumento de la minería ilegal.
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