El empresario y excandidato presidencial Santiago Botero enfrenta una millonaria demanda en una corte federal de Estados Unidos por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de Finsocial, empresa colombiana dedicada a los créditos de libranza y consumo.
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De acuerdo con documentos conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el proceso fue presentado el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes son Christofferson Robb & Company LLC (CRC), con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, de Islas Caimán.
Las compañías sostienen que adquirieron el 100 % de Finsocial por cerca de 36 millones de dólares en una operación pactada en 2021. Según su versión, durante el proceso recibieron información financiera que no reflejaba la verdadera situación de la compañía.
El reclamo económico supera los 150 millones de dólares y también incluye al grupo Kandeo y a Medici S.A.S., sociedades que tenían participación accionaria en Finsocial antes de la transacción. Para ese momento, Kandeo concentraba cerca del 70 % de las acciones, mientras que Medici, controlada por Botero, tenía el 30 % restante. El empresario, además, ocupaba el cargo de CEO.
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Los cuestionamientos de los compradores
Uno de los principales puntos expuestos en la demanda está relacionado con un préstamo de 19 millones de dólares que los compradores entregaron a Finsocial para ampliar la colocación de créditos.
Según el expediente citado por el diario, los compradores afirman que los documentos financieros utilizados para respaldar ese desembolso contenían información falsa y que una parte de la cartera presentada como garantía no existía o no tenía las condiciones reportadas.
Los demandantes también cuestionan la utilización posterior de esos recursos. En particular, sostienen que el dinero habría terminado en compañías vinculadas con Botero y no exclusivamente en actividades propias de la operación crediticia.
El proceso menciona, además, un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. Según los demandantes, ese documento encontró que el 98 % de los créditos de la cartera entregada como respaldo llevaba más de 30 días en mora. También señalan que cerca del 84 % del capital usado como garantía, equivalente a unos 42.000 millones de pesos, no pudo recuperarse porque correspondía a créditos ficticios o inactivos.
Otro asunto bajo discusión es el llamado fondo de reserva o ‘anillo de seguridad’. La acusación sostiene que Finsocial habría utilizado recursos de ese fondo para cubrir cuotas vencidas y mantener determinados créditos registrados como vigentes.
Según los compradores, esa práctica habría permitido mostrar activos por encima de su valor real y elevarlos artificialmente en aproximadamente 51.000 millones de pesos entre 2019 y 2021.
Las empresas vinculadas a Botero
El expediente también señala operaciones entre Finsocial y compañías relacionadas con el empresario. Los demandantes calculan que esas transacciones alcanzaron unos 57.000 millones de pesos, cerca de 16 millones de dólares, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021.
Según la acusación, esas operaciones no habrían quedado debidamente expuestas en los estados financieros que recibieron los compradores durante la revisión previa a la adquisición.
El caso también incluye señalamientos sobre movimientos de dinero posteriores a la venta. Las empresas demandantes sostienen que, entre 2021 y agosto de 2024, Finsocial habría transferido decenas de millones de dólares a Botero y personas o compañías relacionadas con él.
En la demanda se afirma que más de 50 millones de dólares habrían llegado directamente al empresario y sus afiliados, mientras que otros recursos se habrían destinado a gastos personales, entre ellos restaurantes, viajes y artículos de lujo.
Dentro de los documentos aportados por los demandantes aparece el nombre del exdirector financiero de Finsocial, Juan Manuel Puerto. Los compradores lo presentan como una persona que habría reconocido irregularidades en los registros contables de la compañía.
Sin embargo, El Tiempo también tuvo acceso a una declaración autenticada de Puerto ante una notaría de Bogotá. En ese documento, el exdirectivo niega haber dicho que Botero hubiera ordenado manipular los libros de Finsocial.
Puerto también habría aclarado que no le consta que el empresario hubiera mentido con el propósito de conseguir nuevos desembolsos y rechazó que sus declaraciones fueran calificadas como una confesión de fraude.
Botero niega las acusaciones
El empresario entregó su versión a El Tiempo y rechazó los señalamientos. Botero calificó la demanda como una distorsión de los hechos y sostuvo que existe un intento de responsabilizarlo por las pérdidas que los compradores habrían tenido con la operación.
Sobre los 19 millones de dólares, explicó que esos recursos estaban relacionados con la propia negociación y defendió los controles existentes en Finsocial durante la época de la transacción.
Respecto al fondo de reserva, aseguró que la cartera contaba con el respaldo de un seguro y sostuvo que las modificaciones en el porcentaje de la fianza fueron decisiones adoptadas por la junta directiva de CRC.
También respondió por los cuestionamientos relacionados con gastos personales. Según su explicación, durante su etapa como gerente tenía determinados beneficios y estos, de acuerdo con su versión, nunca fueron cuestionados por los compradores.
Finalmente, Botero manifestó al medio de comunicación que no ha recibido una notificación oficial sobre el proceso judicial en Estados Unidos. El empresario aseguró que está dispuesto a defenderse y a presentar una contrademanda para proteger su nombre frente a las acusaciones.
Por ahora, el proceso ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York deberá establecer el alcance de las acusaciones y las responsabilidades que eventualmente puedan atribuirse a los demandados. Los señalamientos contenidos en la demanda corresponden a las afirmaciones de las empresas accionantes y deberán ser discutidos dentro del proceso judicial.
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