Un expediente de 305 páginas estructurado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia puso contra las cuerdas al senador del Pacto Histórico Álex Flórez, quien fue formalmente acusado por el delito de violencia intrafamiliar tras una exhaustiva investigación que logró desarticular la estrategia de defensa del congresista y desmentir la retractación pública de su expareja, Johanna Peláez Botero, según reveló revista Semana.
El meollo de la acusación se fundamenta en interceptaciones telefónicas legales practicadas por el alto tribunal entre mayo y agosto de 2023, las cuales dejaron al descubierto una dramática historia de maltrato físico, psicológico y sometimiento económico. En uno de los apartes más impactantes revelados en las grabaciones, la víctima confesó en llamadas íntimas con su círculo cercano: “Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico”. La agresión inicial se habría presentado el 18 de febrero de 2021 dentro de la camioneta asignada al entonces concejal de Medellín, quien presuntamente reaccionó violentamente al enterarse del estado de gestación de la mujer, exigiéndole interrumpir el embarazo bajo el argumento de no estar preparado para asumir la paternidad, de acuerdo con el citado medio.
Los hallazgos probatorios recopilados por la Corte incluyeron reportes médicos iniciales de la EPS Sura y registros oficiales de la plataforma Sivigila, los cuales descartaron cualquier relato falso o lesiones autoinfligidas. De acuerdo con los testimonios y rastreos financieros incorporados en el proceso, el congresista habría sometido a la víctima a condiciones de extrema vulnerabilidad, llegando a pasar hambre durante el sexto mes de gestación por negarse a entregarle dinero para alimentos, situación que le provocó un cuadro de alopecia severa a raíz del estrés continuado. Asimismo, el alto tribunal determinó que la suspensión temporal de una ayuda económica mensual entre enero y julio de 2021 constituyó un mecanismo deliberado de presión, según la citada revista.
Uno de los capítulos más delicados de la investigación apunta al uso de una supuesta red de contratación pública como instrumento de dominación. Según el expediente, el entonces cabildante movió influencias para ubicar a Peláez Botero como contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) a comienzos de 2021, empleos de tipo ‘corbata’ donde ni siquiera cumplía funciones reales ni era identificada por los coordinadores de las dependencias, sirviendo únicamente como un subsidio condicionado al silencio. Adicionalmente, se documentó que el pago del arrendamiento del apartamento 2211 del edificio Aura en Medellín, gestionado a través de colaboradores cercanos que hoy integran su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), funcionó como una herramienta estructural para perpetuar la dependencia económica.
Frente a la teoría de la defensa, que intentó restarle peso al caso argumentando una supuesta atipicidad por falta de convivencia bajo el mismo techo, la Corte ratificó que la legislación aplicable a parejas extramaratrimoniales no exige compartir vivienda, sino una clara vocación de estabilidad. Sobre el video difundido en la red social X en el que la expareja aparecía junto al congresista restando gravedad a los hechos, los magistrados concluyeron que dicha retractación obedeció a un ciclo de violencia de género y a acuerdos posteriores de manutención —incluyendo cuotas mensuales de 7 millones de pesos—, debilitada por el peso de las pruebas recaudadas. Con este panorama, el senador Álex Flórez afronta un juicio penal que podría derivar en una severa condena y en su inhabilitación para continuar en la carrera política.
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