El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) decidió abrir una investigación formal contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, exasistente forense del Instituto de Medicina Legal en Cúcuta, Norte de Santander, después de que fuera capturado el pasado 10 de septiembre. La CNDJ optó por asumir el caso de manera directa, influida por una fuerte presión social que evidenció el grado de sensibilidad ética asociado a la manipulación y entrega de información en el contexto judicial y forense. Merchán Cote enfrenta cargos por concusión y cohecho impropio, a raíz de señalamientos en los que supuestamente reclamaba sumas de entre $20.000 y $100.000 a familiares de personas fallecidas para agilizar la entrega de información sobre los cuerpos, según lo reportado por la Fiscalía General.
La acusación incluye detalles sobre la colaboración entre Merchán Cote y empleados de funerarias. De acuerdo con la información recopilada por la Policía Nacional, los trabajadores de funerarias eran responsables de recolectar el dinero, que luego era transferido a un número telefónico vinculado al investigado. Esta práctica no solo involucra el intercambio económico, sino que, conforme a las evidencias, podría estar conectada a por lo menos quince episodios similares, todos ellos detectados en las inmediaciones de la sede regional del instituto forense en Cúcuta.
Los actos de corrupción cometidos por funcionarios forenses no resultan inusuales en Colombia ni en otras naciones latinoamericanas. El informe más reciente de Transparencia por Colombia advierte sobre la vulnerabilidad inherente a los procesos médico-legales, los cuales, al verse afectados por intereses particulares y prácticas irregulares, minan la confianza pública y propician un círculo de impunidad. Investigaciones periodísticas publicadas por medios como El Espectador y La Silla Vacía han documentado que existen esquemas paralelos donde la agilización de trámites oficiales depende frecuentemente de pagos extraoficiales, lo que genera graves obstáculos para el ejercicio de los derechos y agudiza el dolor de los familiares de las víctimas.
Este caso también revive discusiones sobre la idoneidad de los mecanismos internos de control disciplinario y ético en instituciones forenses. Según el Observatorio de Justicia de la Universidad Externado de Colombia, los procedimientos vigentes tienden a ser lentos y opacos, reduciendo la confianza ciudadana y debilitando la legitimidad institucional. Resulta sugerente que solo una reacción pública intensa haya propiciado una respuesta expeditiva por parte de las autoridades, lo que señala una falencia histórica en los controles internos efectivos.
Sumado a las afectaciones institucionales, el episodio pone de relieve la dimensión socioemocional de las familias involucradas, quienes, además de la pérdida de un ser querido, enfrentan la presión de ceder ante cobros indebidos para acceder a información esencial. La Real Academia de Medicina Forense subraya que la transparencia y el respeto en estos procesos son requisitos esenciales para salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de quienes atraviesan por situaciones de duelo y vulnerabilidad.
Expertos en criminalística y derecho han planteado propuestas orientadas a mejorar la transparencia y vigilancia en estos procesos, como el uso de plataformas digitales que limiten la intervención humana directa en la entrega de datos, optimización de la formación ética del personal y el fortalecimiento de vías confidenciales para denuncias internas. Según el Comité Interamericano contra la Corrupción (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estas soluciones podrían contribuir a revertir dinámicas corruptas y restaurar la confianza en instituciones claves para la justicia y la convivencia.
En definitiva, lo ocurrido en Cúcuta constituye un reflejo de desafíos institucionales más amplios en Colombia, donde la corrupción forense, sumada a la falta de mecanismos internos ágiles y transparentes, puede debilitar tanto el acceso a la justicia como la credibilidad pública. Sólo mediante la vigilancia permanente y reformas orientadas a la transparencia será posible cerrar la puerta a estas prácticas en detrimento del derecho y la dignidad humana.
¿Qué implica el delito de concusión y cohecho impropio? Estos términos, centrales en el caso de Merchán Cote, refieren a conductas delictivas sancionadas por la legislación colombiana. La concusión se produce cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige o induce a entregar beneficios económicos no debidos. Por su parte, el cohecho impropio ocurre cuando el funcionario público acepta una dádiva o beneficio a cambio de acciones derivadas de sus funciones. Estos delitos afectan la administración pública y son castigados con severidad, pues quebrantan la confianza en la institucionalidad y propician entornos de corrupción sistémica.
La relevancia de identificar y comprender estos delitos radica en que permiten al ciudadano reconocer cuándo un acto de corrupción trasciende lo ético y se instala en la esfera penal, habilitando así mecanismos de denuncia y sanción. El esclarecimiento de estas figuras legales contribuye a la transparencia y fortalece los recursos para la defensa de derechos ante posibles abusos de poder.
¿Por qué la transparencia en procesos forenses es clave para la justicia? La transparencia en la gestión forense garantiza la integridad de pruebas y la protección de los derechos de víctimas y familiares, condición fundamental para resolver crímenes y garantizar justicia. Cuando los procesos se ven contaminados por prácticas corruptas, se vulnera el debido proceso, generando desconfianza y profundizando el dolor de quienes buscan respuestas.
Además, la existencia de procedimientos claros y visibles permite un control social más efectivo y habilita a los ciudadanos para exigir cuentas a las autoridades. La transparencia no solo previene el fraude, sino que asegura respeto y empatía hacia quienes atraviesan momentos de duelo y reclaman justicia, como ha quedado en evidencia en el caso relevado por la CNDJ.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
