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El Instituto Nacional de Vías (Invías) se vio inmerso en una profunda controversia esta semana, luego de que compartiera en su cuenta de la red social X un mensaje solicitando a la ciudadanía “evitar viajes innecesarios”, acompañado por un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La difusión de este mensaje coincidió con la declaración de un paro armado de tres días en el país por parte del grupo guerrillero, una acción que desde su inicio el domingo ha ocasionado ataques violentos contra infraestructuras públicas y miembros de la policía en diversos departamentos, resultando en víctimas mortales. Según lo reportado por El Tiempo y LA PATRIA, la publicación oficial agravó el ambiente nacional de preocupación e incertidumbre frente a la amenaza de estos grupos armados.
La reacción de líderes políticos y autoridades no se hizo esperar. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, expresó a través de redes sociales que lo ocurrido constituía “una vergüenza para el país y el estado de derecho”, criticando fuertemente a Invías por difundir un comunicado proveniente de una organización al margen de la ley desde una instancia oficial de carácter nacional. Además, el gobernador acusó al Gobierno de Gustavo Petro de “amplificar el terrorismo vía canales oficiales”, sumando presión pública sobre la administración central respecto a la gestión de comunicación institucional ante episodios de violencia y extorsión.
Ante la reprimenda masiva y la indignación generalizada, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, intervino directamente en la crisis institucional. Rojas pidió disculpas públicas al presidente de la República y a todos los colombianos por lo que calificó como una acción “inadmisible”, señalando que “ninguna entidad pública puede replicar contenidos de un grupo armado organizado, de un grupo ilegal”. Este pronunciamiento tuvo como fin deslindar cualquier vinculación del Gobierno con el mensaje difundido y recalcar la impropiedad de validar, así sea de manera indirecta, la narrativa de grupos armados ilegales.
Invías, por su parte, respondió a la polémica argumentando que la publicación obedeció a un “error humano”, subrayando que no representa la postura ni del Gobierno ni de la entidad. El comunicado institucional aseguró que el contenido fue retirado de forma inmediata y, de manera paralela, se implementaron medidas internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información gestionada en canales oficiales. Esta respuesta buscó restaurar la confianza perdida en la administración de los canales de comunicación estatal.
El contexto de esta controversia se vincula directamente con el paro armado difundido por el Eln, organización armada que mantuvo diálogos de paz con el gobierno del presidente Petro hasta el año pasado. Según detalló LA PATRIA, el último paro, iniciado el 14 de diciembre, constituye el cuarto en lo que va de 2025, extendiéndose por tres días en respuesta a lo que el grupo denominó “la nueva fase del plan neocolonial” del presidente estadounidense, Donald Trump. Desde el inicio de este cese, el Eln ha llevado adelante una serie de acciones de intimidación, especialmente en departamentos del norte, oriente y occidente del país, haciendo visible su presencia y capacidad de agitación.
El caso más reciente de violencia ocurrió en la Vía Panamericana, en el trayecto que conecta Cali y Popayán, donde individuos armados detuvieron varios vehículos y posteriormente incendiaron un camión, elevando la tensión en las zonas afectadas y reiterando los peligros latentes en el marco del paro armado. Así, este episodio pone de relieve tanto los riesgos asociados al conflicto armado colombiano como la urgencia de fortalecer los mecanismos internos de comunicación estatal para evitar legitimaciones involuntarias de mensajes provenientes de actores armados ilegales.
¿Por qué es relevante el control de la información en las cuentas oficiales del Estado?
En episodios de crisis o violencia armada, las cuentas oficiales del Estado se convierten en uno de los principales medios de orientación y alerta para la ciudadanía. Un error, como replicar mensajes de grupos armados ilegales, puede generar confusión masiva, debilitar la imagen institucional y, en casos graves, amplificar amenazas o exigencias de organizaciones que actúan por fuera de la ley. Por ello, robustecer los protocolos de comunicación y asegurar la verificación previa de los mensajes en canales oficiales resulta fundamental para no ceder terreno a la intimidación y para mantener la confianza pública en las instituciones nacionales.
Este incidente demuestra la importancia de que las entidades estatales gestionen sus canales de información con extrema cautela, especialmente en un país donde la inestabilidad y la amenaza de violencia armada siguen siendo retos recurrentes. La capacidad estatal de responder de forma inmediata y transparente ante errores, reforzando controles internos, es clave para proteger la legitimidad institucional y defender el estado de derecho.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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