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La crisis que vive la región de Catatumbo, en Norte de Santander, alcanzó uno de sus momentos más críticos según advirtió la Defensoría del Pueblo este 22 de noviembre. La entidad, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, elevó una alerta al Gobierno y a la opinión pública por el peligro que enfrentan los habitantes del territorio. El conflicto armado ha intensificado el sufrimiento de la población civil, con hechos violentos que también han alcanzado a miembros de la fuerza pública y funcionarios estatales. Los últimos días en particular han sido escenario de ataques con drones en zonas rurales del municipio de Sardinata, lo que llevó a la Defensoría a emitir una alerta temprana y advertir sobre el riesgo de una inminente crisis humanitaria.
El reporte de la Defensoría describe una situación marcada por violencia persistente, estigmatización y hostigamiento. De acuerdo con la entidad, estos factores han obstaculizado el trabajo humanitario tanto propio como de otros organismos, en especial en municipios como Tibú. La institución reportó un aumento en el reclutamiento forzado de menores, crímenes contra la población y ataques a la misión médica. Casos como el asesinato de una niña de 13 años, previamente reclutada, y la interceptación del carro fúnebre que trasladaba su cuerpo, el asesinato de un joven de 19 años, secuestros de tres policías y un civil, y ataques con explosivos y drones en diversos espacios públicos reflejan la gravedad del momento.
Según la Defensoría, estos hechos no son nuevos: en enero de 2025, Catatumbo padeció una de las crisis humanitarias más severas de su historia reciente debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Aunque la violencia disminuyó, los hostigamientos ilegales han persistido. Solo entre el 12 y el 21 de noviembre de este año, tras la alerta temprana del organismo, se presentaron 17 hechos violentos en la zona, incluyendo ataques con drones, secuestros, enfrentamientos armados, heridos y desplazamientos masivos.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que las acciones hostiles de grupos armados ilegales infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y comprometen la labor humanitaria, dejando en desprotección a las comunidades. Por ello, pidió al Gobierno fortalecer la seguridad y protección en el marco de su nueva política, pero advirtió que limitarse a la acción militar puede agravar la situación. La respuesta oficial debe garantizar también acceso a justicia, educación, salud, protección de la infancia y alternativas económicas, además de la implementación de acuerdos de paz y el fortalecimiento institucional, insistió la entidad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuál es el impacto de los ataques con drones en la crisis de Catatumbo?
Los ataques con drones han ido en aumento en la región de Catatumbo, generando un ambiente de permanente inseguridad para los habitantes. Según la Defensoría del Pueblo, estos ataques, perpetrados especialmente en municipios como Sardinata, han causado muertes, heridos, daños materiales y desplazamientos forzados, además de afectar la misión médica y dificultar el acceso humanitario. Esta modalidad de violencia ha agravado notablemente la crisis, impactando tanto a civiles como a la fuerza pública.
¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario y por qué es relevante en Catatumbo?
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan en las hostilidades y regulando los métodos y medios de guerra. La Defensoría del Pueblo destacó su importancia porque las acciones de los grupos armados ilegales en Catatumbo, como ataques a población civil y restricciones a la labor humanitaria, infringen directamente estas normas, aumentando el riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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