El coronel Carlos Feria, recordado por su cercanía al presidente Gustavo Petro y por estar vinculado a uno de los escándalos más sonados del actual Gobierno, ya se encuentra nuevamente en Colombia, donde asumirá un cargo operativo dentro de la Policía Nacional.
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Feria, que se desempeñaba como agregado policial en Estados Unidos, tuvo que regresar al país tras una decisión del gobierno norteamericano que le solicitó abandonar ese territorio. En cumplimiento con el protocolo institucional, se presentó ante los altos mandos de la institución en Bogotá para recibir instrucciones sobre su próxima función.
El oficial enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber utilizado de forma indebida recursos de inteligencia estatal durante su gestión como jefe de seguridad presidencial.
Las acusaciones giran en torno a la polémica investigación interna por la pérdida de dinero en la casa de Laura Sarabia, entonces mano derecha de Petro. En ese contexto, se señala que Feria habría ordenado el uso de un polígrafo para interrogar a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en esa residencia.
El caso ha tomado dimensiones preocupantes. Además del uso presuntamente irregular de herramientas de inteligencia, como interceptaciones no autorizadas, uno de los capítulos más trágicos fue el fallecimiento del coronel Óscar Dávila, subordinado de Feria, quien murió en circunstancias que las autoridades calificaron como suicidio.
Aunque todavía no se define con exactitud cuál será el nuevo destino de Feria dentro de la institución, fuentes consultadas por Semana aseguran que su próximo cargo será de carácter operativo y que, por ahora, se descarta que vuelva a ser enviado al extranjero.
De hecho, según conoció el diario El Tiempo, el coronel actualmente se encuentra de vacaciones, esperando a que cuando vuelva, ya tenga las nuevas funciones establecidas dentro de la institución.
(Ver también: Coronel Feria, el del escándalo del polígrafo, estaría cerca de ascender en la Policía)
El proceso legal contra él continúa su curso, mientras las autoridades judiciales recopilan pruebas y testimonios que permitan esclarecer su rol en los hechos denunciados.
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