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Por cuenta de las aparentes irregularidades que habrían rodeado la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza –exniñera de la hoy directora del Dapre, Laura Sarabia–, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra tres uniformados de la Policía, entre ellos, el coronel Carlos Alberto Feria, nada menos que el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro.
Los policías –entre ellos el capitán Elkin Augusto Gómez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez–, deberán responder por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
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Los uniformados están implicados en la prueba del polígrafo a la que fue sometida la niñera Marelbys Meza (quien renunció a programa de protección de testigos) cuando la señalaron de hurtar dinero en efectivo de la residencia de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia. Según la tesis del ente investigador, Feria presuntamente ordenó ubicar el dinero robado. Además, “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”.
Por estos hechos, justo hace una semana, el pasado 20 de marzo, fue radicado el escrito de acusación en contra de los tres uniformados y el expediente quedó en manos del Juzgado 14 del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
Si bien la Fiscalía dice ser competente para investigar a Feria, actualmente hay un conflicto con la Justicia Penal Militar que, según la defensa del jefe de seguridad de Palacio, es la llamada a asumir el caso. La competencia entre jurisdicciones sigue y no se ha decidido.
De acuerdo con el ente investigador, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a Meza, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas “que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero”, añadió el ente acusador cuando comunicó que tenía previsto imputar a los uniformados.
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En noviembre pasado, el abogado del coronel Feria, Marlon Díaz, presentó un conflicto de jurisdicciones, alegando que la investigación debía adelantarse en la Justicia Penal Militar y Policial, pues el líder de seguridad del presidente estaba cumpliendo sus funciones al aplicar el polígrafo a la entonces niñera de quien fuera en su momento la jefa de gabinete de Presidencia.
Sin embargo, la juez aseguró que no se cumplen los requisitos para elevar la solicitud a la Corte constitucional, que resuelve ese tipo de conflictos jurídicos. Según la togada, una de las partes del proceso penal no puede interponer ese tipo de recurso legal, sino que debe hacerlo un juez que represente a cualquiera de las jurisdicciones que choquen.
Es decir, el abogado Díaz no estaba autorizado para proponer que el caso pase a la Justicia Militar, sino que debía hacerlo la jueza si lo encontraba pertinente, algo que no ocurrió. Según explicó, los delitos por los que se investiga a Feria y a otros dos uniformados no están relacionados con su servicio como policías.
Una vez terminó la prueba del polígrafo, aseguró en su momento la Fiscalía, el intendente Sacristán le arrebató de nuevo el teléfono a Marelbys Meza y lo retuvo mientras extraía información.
Por todo lo anterior, “el coronel Feria Bohórquez y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza, y someterla a un trato injusto”. Además, presuntamente desviaron recursos del Estado a aplicar la prueba a una particular.
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