La patrullera Érika Judith Pérez Romero fue suspendida por diez años de la Policía Nacional luego de que se comprobara su participación en una agresión física contra un ciudadano durante un operativo en Suba, en el noroccidente de Bogotá.
(Vea también: Nuevas pistas en caso Miguel Uribe apuntan hacia disidencias, pero no las de ‘Mordisco’)
El hecho, que ocurrió el 15 de octubre de 2024 y fue difundido masivamente el 1 de enero de 2025, fue registrado en video por el propio afectado, quien recibió un golpe con un bolillo en el rostro por parte de la uniformada.
Según reportó Blu Radio, la Procuraduría calificó la conducta de Pérez como una falta gravísima a título de dolo, lo que dio lugar a su suspensión por una década, una de las sanciones más severas impuestas a un miembro de la fuerza pública por un hecho de esta naturaleza.
Video muestra agresión de patrullera a joven en Suba
El ciudadano afectado, Juan Sebastián Rojas, grababa con su celular un procedimiento policial cerca del humedal Juan Amarillo cuando fue agredido por la patrullera, quien lo golpeó mientras le gritaba que no le tomara fotos. El video, ampliamente compartido en redes sociales, generó una ola de indignación por el uso desmedido de la fuerza y reavivó el debate sobre el derecho a grabar operativos policiales.
En su momento, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, declaró públicamente que la agresión era “inaceptable” y que los ciudadanos tienen el derecho de registrar las actuaciones de los uniformados. Según recogió El Tiempo, Salamanca aseguró que se iniciarían investigaciones internas para esclarecer los hechos.
De acuerdo con Infobae, Pérez Romero ya contaba con varios reportes disciplinarios y era conocida en la zona como “la motorrata” debido a su comportamiento agresivo en operativos anteriores. Habitantes del sector de Suba habían presentado quejas sobre su actuación, lo que llevó a la apertura de procesos previos.
#JUDICIAL | La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, por abuso de su posición de autoridad al golpear con su arma de dotación (un bastón) a un joven en el rostro, en inmediaciones al Humedal Amarillo, en… pic.twitter.com/c4BuxXyWtj
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 24, 2025
Patrullera, Érika Pérez también enfrente proceso por lesione personales
Además del proceso disciplinario liderado por la Procuraduría, la Justicia Penal Militar abrió una investigación por el presunto delito de lesiones personales. El caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas.
En junio de 2025, Pérez Romero dio declaraciones públicas en su defensa. Según explicó a medios de comunicación, su reacción fue un “reflejo involuntario” durante una intervención contra un hombre armado, y afirmó que Rojas la habría extorsionado durante cuatro meses, exigiéndole un pago de un millón de pesos a cambio de no publicar el video del incidente.
La patrullera indicó que había entregado a sus superiores pruebas de chats de WhatsApp, donde el ciudadano supuestamente le escribía mensajes como “te faltan 700”, en referencia a la suma exigida. También expresó su deseo de reincorporarse a la institución y alegó que actuó en legítima defensa.
Luego del proceso disciplinario, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento dictó la sanción de suspensión por 10 años, considerando que la patrullera incurrió en una grave infracción de los principios de proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza.
Esta decisión se tomó tras una evaluación de las pruebas en video, testimonios, antecedentes disciplinarios y la declaración de la uniformada. La medida deja a Pérez Romero fuera de la institución por una década, sin posibilidad de reincorporación en cargos públicos durante ese tiempo.
El caso provocó un amplio debate en la opinión pública. Para muchos ciudadanos, el hecho evidenció una preocupante normalización del abuso policial. Según reportó El Espectador, varios usuarios en redes sociales criticaron la reacción violenta de la uniformada y cuestionaron los filtros de formación de la Policía.
Por su parte, defensores de la uniformada argumentaron que los operativos en zonas de alta criminalidad como Suba implican situaciones de alta tensión. No obstante, juristas y expertos en derechos humanos recordaron que el uso de la fuerza debe estar sujeto a controles estrictos y que el registro audiovisual por parte de civiles no constituye delito ni justifica una agresión.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
